No es habitual que, en los tiempos de austeridad que corren, un Consejo de Gobierno apruebe un bloque de millones de euros que supere la centena. En concreto, fueron ayer 107 millones de euros los que la Junta ha programado fundamentalmente para gasto social, para personas dependientes, con discapacidad, en riesgo de exclusión social, menores que tienen algún tipo de protección o familias numerosas. El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, defendió ayer que este dinero va «dedicado a las personas que más lo necesitan, que más sufren, las más vulnerables de nuestra sociedad y que en estos momentos de intensa crisis necesitan más que nunca el apoyo de todos».
La mayor cantidad de dinero es la que va a las entidades privadas que mantienen centros para personas con discapacidad. Se llevan 39,6 millones de euros. El Gobierno regional ha decidido aumentar los fondos en relación con el año pasado. En concreto, suben dos millones de euros. Con esta partida se subvenciona por un lado el gasto de mantenimiento y de personal de estos centros, que incluyen residencias, viviendas, centros de atención temprana o específicos para integración socio-laboral. También se subvencionan programas específicos para acción tutelar para dependientes, inclusión social o mediación para personas con discapacidad sensorial.
La Consejería también ha subido los fondos para ayudas de emergencia social, aquellas que se dan en caso de extrema necesidad para sufragar gastos básicos de alimentación, vestido o vivienda. La cantidad prácticamente se duplica, pasando de 1,1 millones en 2012 a 2,2 millones en 2013. Echániz prevé llegar a las 3.000 ayudas.
Otra de las partidas más importantes es la destinada a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros de menores con medidas de protección o judiciales. Con 20 millones de euros, la Junta quiere dotar 650 plazas residenciales en diferentes tipos de centros. Respecto a 2012, calcula que habrá dos plazas más en centros de primera acogida y valoración, dos plazas más en hogares residenciales y siete plazas más en centros especiales.
Por cuantía, también destacan los 32,9 millones de euros para prestar servicio de atención domiciliaria, que se da a aquellas personas que necesitan ayuda en casa para limpiar, lavar la ropa o hacer la comida. En la partida también se incluye la teleasistencia y las actuaciones para prevención y promoción de autonomía personal. Echániz explicó que este servicio se financia entre la Junta, los ayuntamientos y los usuarios, «en función de sus posibilidades económicas». Echániz anunció como novedad que se prioriza el acceso a este servicio para los dependientes. En concreto, se regula que los no dependientes «no podrán tener un régimen más favorable que los dependientes» en la prestación de este servicio.
La Consejería también ha programado una partida de 1,9 millones de euros para ayudas a personas que se han quedado viudas o a familiares y convivientes del fallecido que dependieran de él. Se mantiene los fondos en relación con el pasado año. El Consejo de Gobierno aprobó asimismo una partida de 7 millones para familiares numerosas, de 2,4 para familias acogedoras y de 1,4 para programas para menores afectados por medidas de protección judicial.