Ni la reforma sanitaria, ni las huelgas de los profesionales del sector, ni el ébola. Al final, fue la trama Gürtel la que obligó ayer a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a abandonar su cargo, después de que el juez Ruz la acusara de haberse lucrado con los negocios ilícitos de su exmarido, Jesús Sepúlveda, uno de los presuntos implicados en la red corrupta liderada por Francisco Correa. Exactamente, el magistrado pidió en su auto que la popular esté en el banquillo en el juicio para que responda por la vía civil al «haber disfrutado o haberse beneficiado, sola o en compañía de su exesposo y otros miembros de su familia, de servicios turísticos, pago de eventos y otros artículos de  uso particular» sufragados por la organización criminal.

A pesar de ese auto, la ya exministra asegura en su comunicado de dimisión que Ruz no le imputa ningún delito ni le atribuye responsabilidad penal alguna, sino que se limita a comunicarle la resolución a efectos meramente civiles como consecuencia de su situación familiar en el momento en el que supuestamente se produjeron los hechos delictivos.

«No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular», manifestó la dirigente conservadora.

En cuanto a su relevo, tan solo se sabe que tendrá que esperar hasta el próximo miércoles para jurar su cargo por razones de agenda del Rey y del líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Hasta ese momento, será la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gabinete, Soraya Sáenz de Santamaría, la que asuma las competencias en materia de Sanidad.

Años polémicos. Tras una vida dedicada a las tareas de su partido, primero de la mano de Aznar y después como persona de confianza de Mariano Rajoy, Mato fue la elegida en 2011 por el presidente del Gobierno para coordinar la gestión de la Sanidad. Una tarea que abandona después de casi tres años que han estado marcados por la reforma presentada en abril de 2012 para hacer frente a los objetivos de déficit del Gobierno, con medidas polémicas como la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares o la implantación de nuevos copagos, y por la gestión de la crisis del ébola.

Además, tras la retirada del cambio de la normativa sobre el aborto diseñada, por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, y en la que el Departamento de Sanidad se quedó en un segundo plano, la dirigente madrileña asumió la responsabilidad de realizar una reforma más limitada de la Ley de Plazos circunscrita a establecer el consentimiento paterno para aquellas menores de 16 y 17 años que quieran abortar.

De hecho, éste será uno de los temas que heredará su sustituto, además de un proyecto de Ley para combatir el consumo de alcohol entre los jóvenes o la definitiva implantación de la receta electrónica o la historia clínica digital.