Víctor Manuel Iglesias, tesorero de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT),   clamó contra los «datos demoledores que las viviendas ilegales» están provocando en la ciudad. Iglesias explicó que se trata de un «tema realmente preocupante» y lamentó que estos alojamientos no aporten beneficios sociales ni ciudadanos. «La hostelería es la que trae riqueza a la ciudad: mantiene empleos, paga nóminas y facilita la celebración de congresos y grandes eventos». Desde la AHT «llamaron a la administración al cumplimiento de la norma» y calificaron a sus competidores como «narcopisos que incumplen con  todas las normativas».

Iglesias calcula que existen «2.500 plazas ilegales» en Toledo y se preguntó dónde se va a poner el límite a una actividad creciente. «No podemos llenar el Casco de hoteles, pero no hay límite para estas viviendas».

Juan Francisco Javier Blanco, vicepresidente de Apturcam, colectivo regional de propietarios de viviendas turísticas, refutó las palabras dirigidas por el representante de la patronal hotelera y aseguró que su sector está «en proceso de legalización». Blanco indicó que la conversión de usos «no genera más densidad de población» en aquellas zonas en las que se instalan las casas y recordó que sus establecimientos «utiliza las viviendas que están diseñadas dentro de la propia estructura de la ciudad». El portavoz de arrendadores señaló que los «hoteles desocupan viviendas y las tiran» y que, por el contrario, su «huésped viene a vivir como un ciudadano y compra en las tiendas de Toledo». Apturcam espera «tener claro qué ordenanza regulará su actividad».