El Ayuntamiento de Toledo, por unanimidad de sus 25 concejales (seguro que los ausentes ayer también están de acuerdo) ha aprobado promover todas las medidas que sean precisas para que los restos de amianto y de asbesto acumulados en el Polígono por toneladas sean retirados lo antes posible. La presión social, que se hizo visible en el salón del Plenos con una veintena de integrantes de la plataforma ‘mi barrio sin amianto’ enfundados en camisetas amarillas, seguro que tiene algo que ver cuando los políticos de todos los signos deciden aparcar sus intereses partidistas. Ahora habrá que ver si la Junta de Comunidades y la Confederación Hidrográfica del Tajo acceden a forma parte de la solución o se enrocan en la inhibición con el argumento de que el problema no es suyo.
Porque lo que aprobó ayer el Ayuntamiento fue invitar a estas dos instituciones a formar una comisión de eminente carácter técnico con el fin de diagnosticar el alcance de la enfermedad y proponer las medidas necesarias en aras a su solución. A partir de ahí, se instará «a los propietarios de las zonas afectadas y a las administraciones que correspondan a la ejecución de dichas soluciones».
problema de Salud. El Pleno lo abrieron los vecinos de la asociación ‘El Tajo’ que desde la tribuna de oradores pusieron a los concejales en antecedentes recordando que el amianto está prohibido desde al año 2002 y que todo este tiempo los vecinos del Polígono han convivido con vertidos ilegales producidos por la empresa Ibertubo. Y subrayan que se trata de «un problema de salud pública», porque es un producto cancerígeno, sobre el que no cabe hacer llamamientos a la tranquilidad cuando las autoridades sanitarias internacionales no han sido capaces de establecer un grado de seguridad mínimo en caso de presencia en el ambiente. Por lo tanto, lo único aceptable para ellos es el nivel de amianto «cero».
El portavoz del PSOE, José Pablo Sabrido, expresa su «respeto» por la «inquietud» que tiene los vecinos pero lo hace «sin alarmas» aunque, al mismo tiempo, aboga por «abordar con urgencia» la tarea de «informar» sobre la dimensión real del problema como «antídoto» contra «la angustia» que puede llegar a producir la proximidad de los restos peligrosos.
En general hubo un alto grado de cortesía política entre los portavoces de los paridos que prefirieron centrarse en llegar a este acuerdo más que en tirarse los trastos del pasado a la cabeza. Eso no quita que Sabrido incurriera en el tradicional «y tú más» cuando subraya que el PP empezó a preocuparse por el asunto en 2002, por casualidad el año que perdió la Alcaldía, y ese interés decayó entre 2011 y 2015, los años que gobernó la Junta.
Puede alegar que su predecesor en el turno de palabra, Jesús Labrador, del PP, había criticado al actual Gobierno regional por quitarse la responsabilidad apelando a que la uralita y el asbesto son un problema de los propietarios del suelo y por pregonar que tiene informes según los cuales el nivel de amianto en el aire es mil veces menor a los índices que se consideran alarmantes.
Por cierto, Javier Mateo, de Ganemos, también duda que sea el momento de «trivializar» con supuestos informes que no se hacen públicos. En todo caso da la bienvenida al acuerdo y recalca que se trata de una «cuestión grave e injusta para a salud y el medio ambiente».