El caso CCM llega por fin a juicio. el juez Pablo Ruz, responsable del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, dictó ayer la apertura del juicio oral contra el expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y su exdirector general, Ildefonso Ortega, máximos responsables de la gestión de la antigua caja de ahorros regional hasta su intervención por el Banco de España, en marzo de 2009. Se les acusa de los delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y de administración desleal.

En el auto hecho público ayer, el magistrado requiere a ambos acusados una fianza civil de 138,2 millones de euros -una de las más altas que se recuerda- que deberán abonar de forma solidaria y en un plazo de diez días. Ruz atiende así la petición de la acusación ejercida por Banco Castilla-La Mancha (heredero de la extinta caja regional), en concepto de indemnización por el perjuicio económico sufrido en la entidad a causa de las operaciones investigadas en este caso.

En la resolución, se avisa a los acusados de que se decretará el embargo de sus bienes en el caso de que no paguen la fianza impuesta.

Los acusados tienen ahora un plazo de diez días para formular su escrito de conformidad, o disconformidad, con la acusación. Antes, este mismo viernes, están citados en Audiencia Nacional para recibir copia literal del auto.

Terminada la instrucción del caso CCM, que arrancó a finales de 2010, el juez Ruz cede el testigo al Juzgado Central Penal de la Audiencia Nacional, que abrirá ahora el juicio oral.

 Cabe recordar que en su primer auto sobre el caso, el juez Ruz ya hablaba de que Ildefonso Ortega, «siguiendo instrucciones» de Hernández Moltó, procedió a «elaborar y presentar» una cuenta de resultados para el ejercicio 2008 con beneficios, «siendo ambos conscientes» de que «la entidad en realidad había incurrido en pérdidas».

En esta misma línea, la Fiscalía acusa a Hernández Moltó y a Ortega de llevar a cabo una «maniobra contable» para que las cuentas de la entidad al cierre de 2008 presentarán unos beneficios de 29 millones, y no los 192 millones de pérdidas que luego constató el Banco de España tras la intervención.

En concreto, el 10 de febrero de 2009, Ortega habría enviado al Banco de España los estados financieros y consolidados públicos de CCM al cierre del ejercicio anterior, en los que se ignoraban los requerimientos del supervisor y que no reflejaban la «situación financiera real».

Este ‘maquillaje financiero’ estaría localizado en el registro del deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como «ajustes de valoración dentro del patrimonio neto», cuando deberían de haberse incluido «en la cuenta de resultados», que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones.

 «Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre de 2008 los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe», señala el escrito de acusación. Además, el fiscal también avisa de que existía «un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos».

En su defensa, tanto Hernández Moltó como Ildefonso Ortega han alegado siempre que estas cuentas falseadas nunca llegaron a ser aprobadas por el Consejo de Administración de la caja, pese a haber sido mandadas a la CECA y al Banco de España.

¿Por qué se hizo esto? Todo parece indicar que se quería evitar el desastre por falta de liquidez. No hay que olvidar que en aquellos días CCM estaba cerrando un proceso de fusión con Unicaja, que finalmente se torció y obligó al Banco de España a intervenir en la caja el 29 de marzo de 2009.