La ejecución del contrato para la recogida de la basura en Toledo vulneró la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Así lo entiende, haciendo suyos los argumentos del viceinterventor municipal, la Intervención General del Estado, que detecta las irregularidades en la ejecución del contrato, pero no en el proceso de licitación y en la adjudicación de la concesión de la recogida de residuos urbanos de la ciudad de Toledo. Estas dos últimas partes se desarrollaron íntegramente en la legislatura de Molina, mientras que la ejecución también afecta a la primera legislatura de Page con alcalde, que gobernaba en coalición con Izquierda Unida.

El Informe de la Intervención General del Estado divide sus conclusiones en tres fases: preparación, adjudicación y ejecución del contrato.

 En el apartado correspondiente a la licitación, el organismos fiscalizador dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sostiene que «la preparación del contrato se realizó cumpliendo, en términos generales, con el régimen jurídico aplicable. Se ha comprobado que se evacuaron los informes preceptivos y se cumplió con el trámite de audiencia pública». En este apartado se observa «que no consta en el expediente la justificación de la elección del procedimiento de contratación ni se motiva su necesidad. Tampoco se aporta un certificado de insuficiencia de medios que justifique la contratación».

En el apartado de la adjudicación del contrato, la Intervención General del Estado señala textualmente que «se ha comprobado la correcta aplicación de cada criterio de valoración» por la consultora externa que contrató el Ayuntamiento para hacer la valoración de las ofertas presentadas. Las conclusiones en este apartado, pese a que detecta algunas «debilidades»en el procedimiento de valoración como el hecho de que «el valor económico de las mejoras se otorga por el ofertante y no por la Comisión de Valoración», terminan por explicar que tampoco «se han encontrado diferencias significativas a la hora de aplicar los diferentes criterios de valoración a las ofertas».

El nudo gordiano del informe viene en el apartado de ejecución del contrato. En este punto, el informe relata el conflicto laboral abierto por la actualización de salarios del personal de la concesionaria, conflicto que derivó en una huelga, que finalizó con un preacuerdo por el que empresa y trabajadores pactan unos incrementos salariales, que terminan incluyéndose en un protocolo que suscriben ambas partes con el Ayuntamiento. El firmante de este protocolo es Lamberto García-Pineda.

El protocolo se elevó a la Junta de Gobierno celebrada el 23 de mayo de 2007, que lo aprobó sin informe preceptivo alguno, asunto que la Intervención General haciendo suyo el argumento del viceinterventor que lo consideró «nulo de pleno derecho». Sin embargo, el acuerdo fue recuperado por el siguiente equipo de Gobierno en noviembre de 2007 -ya con el gobierno bipartito- con fecha 15 de noviembre de 2007. Este documento hereda todas las estipulaciones del protocolo firmado por Pineda. Este hecho lleva al viceinterventor a fiscalizar con «reparos suspensivos» un acuerdo cuyo sobrecoste para el Ayuntamiento se estipula en 11,3 millones. Los reparos fueron anulados por un decreto firmado por García-Page el 24 de enero de 2008, eliminando así las discrepancias entre el viceinterventor y el Servicio de Obras e Infraestructuras.