El Ayuntamiento de Toledo se ha quitado un buen peso de encima. Concretamente 47 años de problemas. La Junta de Gobierno Local reunida ayer informó que, de mutuo acuerdo, se ha aprobado resolver el contrato de concesión administrativa de explotación del inmueble de ‘La Alhóndiga’ suscrito con la empresa ‘Estacionamientos e industrias y turísticas’ (Eitu SL) en 1972.
La discordia de la Alhóndiga comenzó en el año 2006, cuando bajo el gobierno del ‘popular’ José Manuel Molina, cuando se llevó a a la Junta de Gobierno Local el acuerdo de compensación a ‘Eitu SL’ por la interrupción de la concesión.
El Consistorio y la empresa concesionaria firmaron un convenio después de que la caída de una roca de grandes dimensiones por las obras del Palacio de Congresos obligara a desalojar las instalaciones. Un hecho que derivó en una denuncia de la sociedad al Ayuntamiento por el daño causado por el cese temporal de la explotación y la inactividad de sus oficinas.
Posteriormente, la EMV y la empresa firmaron en ese mismo 2006 un acuerdo en el que la concesionaria se comprometía a retirar el contencioso que en esos momentos mantenía con el Consistorio mientras que ella recibía una compensación económica. Una compensación suculenta, ya que la inactividad de la Alhóndiga ha costado a los toledanos más de 1,5 millones de euros.
En 2013, con Emiliano García-Page en la Alcaldía, se decidió iniciar el expediente para resolver la concesión del edificio de propiedad municipal, quitársela a la empresa, y poder utilizarlo para otros usos.
La Alhóndiga se llegó a ofrecer a GIS (la empresa concesionaria del Palacio de Congresos) para ampliar salas, pero el acuerdo tampoco prosperó.
En 2017, ya con Milagros Tolón en el Consistorio, la concesionaria (Eitu) afirmó que no había posibilidades de explotación y ofreció las llaves al Ayuntamiento a cambio de una compensación, algo que fue rechazado de pleno.
Tanto el Ayuntamiento como la concesionaria ‘Eitu SL’ quisieron romper la relación, pero echando la culpa al contrario para que pagara él las consecuencias económicas. Nadie cedió. El tema acabó en los tribunales.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Toledo estuvo a punto de dar una salida inesperada declarando resuelto el contrato hace menos de un año, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha echó el freno y puso a cada parte en su posición inicial.
Condenados a entenderse, finalmente el común entendimiento se ha producido. Ahora el Ayuntamiento deberá informar sobre el acuerdo que ha puesto fin a 47 años de concesión y 13 de disputas legales.