Condenan al exalcalde a siete años de inhabilitación por anular multas

J.A.J./Toledo
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El Juzgado de lo Penal 3 de Talavera resuelve que el antiguo regidor de IU, Amando Blanco, cometió prevaricación al dejar que caducaran 17 sanciones de tráfico de la Policía Local a familiares, amigos y correligionarios suyos. Blanco recurrirá

El exalcalde y actual portavoz municipal de Izquierda Unida en Cazalegas, Amando Blanco, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa al permitir que un total de 17 sanciones de tráfico quedaran anuladas. Así lo establece la sentencia dictada en este caso por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Talavera de la Reina, a la que ha tenido acceso este medio.

La magistrada titular del Juzgado, Consolación del Castillo, establece además que el procesado deberá asumir las costas del proceso, incluida la de la acusación particular planteada por los policías locales de este municipio cercano a Talavera. El acusado, Amando Blanco, ha declarado a este medio que tiene intención de recurrir este fallo con una apelación ante la Audiencia Provincial.

La juez considera probado que, entre diciembre de 2011 y marzo de 2013, los agentes municipales impusieron un total de 17 multas de tráfico en Cazalegas, que sumaban unos 2.200 euros, cuyo cobro no llegó a hacerse efectivo. El motivo fue que el entonces alcalde, pese a ser la «autoridad competente» para resolver estos expedientes y reclamar así el pago de las sanciones, «omitió la tramitación de los expedientes asociados a las denuncias antes reseñadas, provocando la caducidad y archivo de los mismos». Para ello, en algunas ocasiones, evitó dar inicio a los propios expedientes sancionadores no firmando las resoluciones que así lo acordaban. En otras, aún firmando, lo hizo fuera del plazo legalmente previsto para su notificación a las personas denunciadas. «El acusado Amando Blanco Carrasquilla adoptaba así, una decisión tácita de revocación de las multas antes relacionadas, soslayando su obligación legal», concluye la juez.

Subraya que esta anulación de las multas se hacía  «en beneficio, tan solo, de algunos infractores con los que mantenía relación de amistad, familiar o de afinidad política».

En sus fundamentos de derecho, la juez resuelve que la comisión por el entonces alcalde de un delito de prevaricación, consistente en la adopción de resoluciones injustas a posta que  «se traduce en la expresión ‘a sabiendas’, queda convenientemente probado con la prueba documental» vista en el juicio. Recuerda que el acusado tenía, en la fecha de los hechos, una larga experiencia en la política consistorial, ya que reconoció en su interrogatorio el llevar ligado al Ayuntamiento unos 16-20 años y haber sido concejal, previamente a su cargo de alcalde y ser alguacil en excedencia. Esto «le permitía perfectamente ser conocedor de las normas procedimentales aplicables o, en su caso, quedaba obligado a tener conocimiento de ellas».

A esto, la magistrada suma que  «ha resultado probado que incluso fue requerido, en distintas ocasiones y hasta con reiteración, expresamente para la cumplimentación del trámite iniciador, siendo advertido, también de modo expreso por la propia Policía Local, de los efectos de caducidad que su omisivo proceder podía llegar a provocar». Por último, se señala que Blanco no hizo un estudio de la veracidad de las sanciones impuestas por la Policía, a pesar de que así se lo dijo a los agentes.

Blanco afirma que «no hay mejor Jurado que tener unas elecciones y ganarlas».

El exalcalde ha reaccionado de modo desafiante a la sentencia que determina su inhabilitación, que por el momento no deberá cumplir si lleva a efecto  su recurso. Amando Blanco asegura que para él la sentencia le resulta «agradable» porque para él «no hay mejor Jurado que tener unas elecciones y ganarlas». Así recuerda que en los últimos comicios municipales fue el candidato más votado en Cazalegas, aunque un pacto entre PP y PSOE le dejara fuera de la Alcaldía

El regidor asume que pudo «cometer un error» en la gestión de las multas, pero niega que actuará conscientemente con el propósito de prevaricar. Y reitera que nunca se ha lucrado desde su puesto en la Alcaldía, recordando que no llegó a ponerse un sueldo.

El regidor se muestra sumamente despectivo con sus acusadores, los agentes de la Policía Local, que «son vagos, vagos, vagos, que se han tirado de baja 800 y tantos días por temas políticos, porque son del PSOE». De hecho, les acusa de estar detrás del pacto que le echó de la Alcaldía y les reprocha una vez más el salario que tenían cuando llegó al poder, cercano a los 3.000 euros, y que el intentó reducir al considerarlo elevado para las posibilidades del municipio.

Pese a que, si una apelación no cambia el fallo judicial, Blanco quedará fuera de la política, el corporativo asegura que «no me arrepiento» y que volvería a repetir su actuación al considerarla justificada.