La despedida de Javier Ruedas como gerente general va a suponer a la Empresa Municipal de la Vivienda un importante ahorro salarial porque ni el PP (once votos) ni Izquierda Unida (dos) están a favor de nombrar un sustituto. El PSOE (doce votos) es el único que por ahora no ha descartado presentar un candidato. Según el presupuesto de la entidad los dos gerentes cuestan 101.450 euros al año y hay que tener en cuenta que el sueldo de Ruedas -que está por encima en el escalafón- es más de la mitad de esa cantidad.
José López Gamarra, viceportavoz del PP municipal, respeta la decisión personal de Ruedas y se ciñe precisamente al argumento económico para descartar cualquier posibilidad de apoyar el nombramiento de un nuevo gerente. Bajo su punto de vista no se debe cargar a la empresa con más gastos que no van a resolver los problemas por los que atraviesa y avisa que en caso de que el PSOE proponga un candidato el PP no va a votar a favor.
Por su parte Claudia Alonso, portavoz del PP, indica que por las circunstancias de la dimisión por decisión personal no valora la gestión que ha llevado a cabo Ruedas si bien, como impresión general, recuerda que el PP ya ha dejado claro en varias ocasiones lo que piensa sobre la trayectoria de la EMV. En resumen, que no ha cumplido sus objetivos, que ha dilapidado el patrimonio, que se ha endeudado sin tener capacidad de hacer frente a los préstamos y que lo mejor que se puede hacer es cerrarla porque sólo da quebraderos de cabeza. En todos esos casos el PP culpa de la mala gestión a IU por los cuatros años de la pasada legislatura y al PSOE por los siete y medio desde que se alzó con la Alcaldía Emiliano García-Page.
Las cuentas de la EMV sin haber construido ni un piso en todo este tiempo dan como resultado un desequilibrio de 1,69 millones de euros, el resultado negativo acumulado supera los 8 millones de euros, en 2013 no ha devuelto los 3,8 millones de créditos bancarios comprometidos dentro de los 9,5 que debe y la deuda comercial es de 2,7 millones. Es decir, su deuda global se va por encima de los 12 millones a los que hay que sumar los 8 millones de reservas que ha gastado en siete años. En esas condiciones la ley concede dos meses de plazo para aprobar un plan de reequilibrio que debe alcanzar su objetivo dentro del ejercicio. De no ser así, el Ayuntamiento de Toledo, dueño al cien por cien de la entidad, tendría seis meses para la liquidación voluntaria o un año para la obligatoria.