J. M. / Toledo
Toledo tendrá nuevo hospital antes de que finalice la legislatura. Y será , según las palabras de la presidenta de Castilla-La Mancha, «sin que les cueste a los ciudadanos endeudarse por sus hijos y sus nietos».
A todo ello se comprometía Cospedal hace quince días, en el XII Congreso Provincial del PP de Toledo, donde explicó que su Ejecutivo «está defendiendo y garantizando los servicios públicos en nuestra región».
Por el momento, las obras entre la avenida de Boladiez y Vía Tarpeya continúan paradas, pero pronto se tendrán que poner en marcha. Algunos miran el modelo del nuevo hospital de Burgos -ejecutado en este caso por el Gobierno ‘popular’ de Juan Vicente Herrera- como el ejemplo a seguir para Toledo. Uno de los aspectos más novedosos, que en su momento fue controvertido, pero luego se ha demostrado como efectivo, fue la fórmula elegida para financiar la construcción del actual Hospital Universitario de Burgos. Se trata de un modelo de colaboración público-privado, que hoy, vista la actual situación económica, parece en la capital castellano y leonesa la más acertada, y que ha hecho posible el mayor hospital de la región. Se trata de una fórmula probada ya con éxito en otros países europeos, y que en España también se ha aplicado en la construcción de ocho hospitales de la Comunidad de Madrid.
El modelo garantiza la gratuidad y el carácter público de la sanidad, exactamente igual que la que presta cualquier otro hospital de la red pública de Castilla y León. El hospital de Burgos trabaja con recursos humanos públicos, con suministros farmacéuticos y material sanitario adquirido por la administración, al igual que el resto de centros sanitarios. La novedad está en que una empresa, o una unión de las mismas, se ha encargado de la ejecución de la obra, de su equipamiento y de las labores de mantenimiento. Esta, posteriormente asume la explotación de una serie de servicios no asistenciales durante un determinado periodo de tiempo, durante el que la administración le abona una retribución, que le permite amortizar las inversiones realizadas. El sistema parece que funciona, y la Junta de Castilla y León ya ha anunciado que estudia aplicarlo en otras obras públicas.
Una UTE en la gestión. En el caso de Burgos, una UTE formada por constructoras y entidades financieras nacionales y locales, así como empresas de servicios, ha asumido la edificación, equipamiento y mantenimiento iniciales, así como la gestión de un total de quince servicios no asistenciales durante 27 años. Se trata de ‘Eficanza’, una unión de empresas de las que un tercio está ubicado en la propia provincia. Está compuesta, entre otras, por las burgalesas Urbanizaciones Burgalesas -formada por Río Vena, Arranz Acinas, Aragón Izquierdo, Gonorsa, Construcciones Serrano y Grupo Asuart-, Caja Burgos y Cajacírculo. Otro ejemplo que el Gobierno regional castellanomanchego puede asumir, puesto que dejaría gran parte del dinero de la sanidad dentro de las fronteras manchegas.
Esta UTE se encarga en el hospital burgalés de la gestión patrimonial del inmueble, la limpieza, mantenimiento de instalaciones y equipos, seguridad, jardinería, gestión eléctrica, gestión del agua, gestión de gases medicinales, gestión de imagen clínica, restauración, lavandería, logística, gestión informática, comunicación interna y la explotación de las zonas comerciales, incluido el aparcamiento, quioscos y cafeterías. Todo ello, manteniendo los puestos de trabajo de las 307 personas que hasta el momento venían desarrollando estas tareas en el anterior hospital, y manteniendo también sus condiciones de trabajo.