La regulación de viviendas de uso turístico va dando pasos. El equipo de Gobierno municipal lleva meses tratando el tema para analizar la situación y buscar fórmulas para que este sector de negocio esté bien regulado, cumpla con una serie de requisitos  y, sobre todo, se garantice la seguridad de su uso residencial a pesar de que la competencia recae en el Gobierno regional y en las leyes arrendaticias de ámbito nacional. Si bien, también se permite a las administraciones locales introduzcan restricciones o habiliten ordenanzas.

En este caso, el de Toledo ha elaborado un completo estudio para analizar el boom de este tipo de alojamientos en los últimos años, ha introducido modificaciones en el Plan Especial del Casco Histórico en otoño y ahora prepara una ordenanza a través de un borrador  para ponerla en vigor antes de que finalice el año, tal y como recomendó la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) hace meses.

«Nos hemos dado un tiempo pero queremos acortarlo al máximo y sacar la ordenanza lo antes posible», explica el concejal de Urbanismo, Teo García, convencido de que este norma municipal ayudará a luchar contra la competencia desleal que se produce cuando las viviendas de uso turístico no están  legalizadas y los problemas de convivencia que pueden darse con los residentes. 

En este caso, García tiene claro que se buscará «el consenso» político, empresarial y ciudadano a la hora de plasmar las condiciones en esta futura ordenanza. Al concejal le gustaría acortar los tiempos y dar «máxima celeridad» al documento, pero insiste en que lo importante «es anteponer la seguridad a las ocurrencias» porque no quiere que pueda cuestionarse. «Queremos asentar un modelo sólido, contrastado y compartido».

La buena sintonía con Turismo también facilita este avance normativo. A pesar de que Toledo no acusa la grave problemática de otras ciudades como Madrid y Barcelona, sí es aconsejable disponer de una herramienta municipal que ayude a  regular ese crecimiento descontrolado del sector, que se concentra fundamentalmente en el Casco Histórico, una regulación propia que «minimice los impactos negativos» que puede llegar a ocasionar esta actividad, según se desprende del reciente estudio. 

En este caso, los técnicos han analizado con detenimiento el Decreto 36/2018 del Gobierno regional para la ordenación de apartamientos y viviendas de uso turístico, pero su flexibilidad, ya que únicamente exige una declaración responsable para el inicio de la actividad y la inscripción de la vivienda en el registro de empresas y establecimientos turísticos, deja paso a que los ayuntamientos dispongan de  normas en los planes de ordenación de la ciudad y de ordenanzas municipales.

Al concejal de Urbanismo le preocupan dos cuestiones principalmente, la habitabilidad y la seguridad para su uso residencial como vivienda. En este caso, ve imprescindible que los propietarios de este sector de negocio dispongan de la licencia de primera ocupación, que determina la capacidad del inmueble, puesto que si no se tiene se fija un máximo de 12 plazas. También es importante, como incluye el estudio municipal de viviendas turísticas, «que los estatutos de las comunidades de propietarios donde se ubiquen no contengan prohibición expresa para esta actividad».

«Estas viviendas tienen que abrirse con todas las garantías», insiste García, que también señala la importancia de haber pasado la Inspección Técnica de Edificios si  mantienen una antigüedad superior a 50 años. «Lo que no sería lógico es que si se produce un problema de capacidad los clientes puedan pedir responsabilidades al Ayuntamiento, por ejemplo». 

La tasa. La administración municipal exige en la actualidad una tarifa por la apertura de estos establecimientos como a cualquier otro negocio por «su carácter comercial». Si bien, al colectivo que representa el sector de la viviendas turísticas en Toledo, Apturcam (Asociación de Propietarios y Gestores de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de Castilla-La Mancha) no le parece justo que junto a la declaración responsable de la actividad haya que pagar cuotas tan altas, ya que oscilan desde los 200 a los 4.700 euros en función de los metros cuadrados y la categoría de las calles donde se ubique el negocio.

«El Ayuntamiento les pide lo mismo que exigimos a otros negocios. Estamos abiertos a plantear otras posibilidades, pero habrá que estudiarlo», apunta el concejal de Urbanismo, convencido de que la ordenanza ayudará a regular el sector y dejará atrás dudas, cuestiones y lagunas por falta de regulación.