Dos nuevas facturas por servicios prestados sin contrato en vigor, una de la ORA y otra de la perrera, pagadas a través de lo que se llama reconocimientos extrajudiciales de crédito, caldearon la mañana de ayer la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo. El PP y Ciudadanos, en la oposición municipal, rechazaron un recibo de 455.000 euros de la empresa Dornier, concesionaria desde hace más de diez años del servicio de la ORA. Su contrato con el Consistorio dejó de estar en vigor hace meses, trabajando a través de una prórroga y con el pago de facturas por los servicios prestados con la zona azul a través de estos reconocimientos extrajudiciales de crédito. El último cargo responde a los meses de mayo y junio. Aún quedan por pagar los de julio, agosto y septiembre, dado que la nueva empresa concesionaria, Eysa, ganadora del concurso, empezará a operar el 1 de enero en la ciudad.

Tanto los ‘populares’ como Ciudadanos se han posicionado siempre en contra, rechazando las facturas que llegan por esta vía. Lo hace aludiendo a los informes de los servicios técnicos del Consistorio que alertan de la omisión de fiscalización de estas facturas.

El portavoz del PP, Jesús Labrador, en un tono más elevado de lo habitual, recordó que el Ayuntamiento no tiene contrato en vigor con la empresa Dornier desde enero y reprueba que tenga que ser esta compañía la que preste un servicio, sin respaldo legal del contrato, solo porque lo hacía antes. También se muestra en contra de los argumentos esgrimidos por el presidente de la Comisión y concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido. «Ya está bien de hablar de las vacaciones de los funcionarios y de justificarse, la realidad es que el equipo de Gobierno trabaja sin previsión. El mes que viene vendremos de nuevo aquí y tendrán nuevas facturas sin contrato y pasarán vergüenza, por falta de trabajo del gobierno», dijo.

Afeó que el Ejecutivo local, integrado por el PSOE y Ganemos, justifique esta práctica. «Es un poco fuerte», apreció en la sesión de ayer, que apenas duró media hora. «No ha habido concurrencia pública, por lo tanto es una adjudicación a dedo», apuntó.

El portavoz de Ganemos, Javier Mateo, recomendó al ‘popular’ que «hoy mismo» vaya a los tribunales  «si cree que hay alguna vulneración» de la ley. «Para que no se quede solo en palabrería», apuntó Mateo, a lo que Labrador respondió con un ataque: «Cuando tengamos todos los informes, no se preocupe».

La concejala de Ciudadanos Araceli de la Calle también rechazó esta factura, algo que siempre ha hecho la formación naranja cuando no hay fiscalización.

El edil de Hacienda explicó que prórroga con Dornier se debe a «una discrepancia» entre la Secretaría general del Ayuntamiento y la Intervención. «No ha sido de ni manera olvidadiza ni con intención», defendió.

La segunda factura sin contrato en cuestión es para la protectora de animales ‘San Bernardo’ por el mantenimiento de la perrera municipal. Asciende a poco más de 8.000 euros. Sabrido explicó que responde a que el servicio se estaba prestando en la ciudad a través de un convenio pero se requirió la necesidad de un contrato en vigor desde los servicios técnicos. Como aún no está adjudicado el servicio hay que pagar las facturas por el trabajo de la protectora.

El PP rechazó la factura, con el mismo argumento que la de Dornier. «No había una licitación y por lo tanto no hubo concurrencia pública, eso es una adjudicación a dedo», dijo, incidiendo en que el Ayuntamiento debería haber firmado un contrato menor de transición entre el convenio y la adjudicación definitiva. Ciudadanos se abstuvo, aunque planteó sus dudas respecto a la falta de previsión del bipartito. «¿Se sabía que el convenio iba a terminar y no se hizo nada? ¿No hubo posibilidad de anticipación?», preguntó De la Calle.

Superávit. Sí hubo unanimidad de los cuatro partidos con representación municipal para aprobar un crédito extraordinario de 178.000 euros financiado con el superávit del presupuesto de 2017 para unas obras. El edil de Hacienda explicó que el Ayuntamiento ya ha empleado más de 6,1 millones de euros  en inversiones financieramente sostenibles de los 6,5 millones que aprobó con el superávit del año pasado.