El exalcalde de Illescas y actual concejal del Partido Popular en la cabecera sagreña, Fernando Cabanes, ha prestado este martes declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Illescas por un presunto delito de prevaricación administrativa, según ha podido conocer este medio. Este procedimiento nace de una denuncia de la Agrupación Local del PSOE de Illescas, tras detectarse que Cabanes abonó facturas por valor de unos 15.000 euros a una empresa pese a que el pago había sido expresamente desautorizado por la Intervención municipal. El exalcalde ha proclamado su inocencia ante la acusación.

Según explica el secretario general de la agrupación socialista  illescana, Francisco Rodríguez, la denuncia nace del acceso a dos informes de la entonces interventora municipal, que este año se ha trasladado a otro Ayuntamiento, relativos a su oposición a estos pagos por servicios prestados por una compañía de instalaciones eléctricas. Estos trabajos, un total de 11, fueron realizados al Consistorio illescano en el último trimestre de 2013. En su primer informe, fechado el 30 de diciembre de aquel año, la interventora expresa su reparo a los pagos porque la compañía en cuestión se hallaba inmersa en un concurso de acreedores, lo que le imposibilita para ser contratada por una administración pública tal y como establece el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Este medio ha podido confirmar que la empresa en cuestión entró en proceso concursal ante el Juzgado de lo Mercantil de Toledo el 29 de enero de 2013.

La interventora reitera su oposición a estos pagos en un nuevo informe fechado casi un año después, el 4 de noviembre de 2014. La funcionaria insiste en señalar que la empresa está en concurso de acreedores y amplía sus argumentos recordando los efectos de su reparo: que el pago debe ser suspendido «en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales», tal y como establece la Ley de Haciendas Locales.

Aun así, el alcalde hizo uso de su capacidad ejecutiva y ordenó que se efectuara el pago seis días después, el 10 de noviembre.

Tuvieron que pasar cinco meses para que estos informes se hicieran públicos, el 27 de abril de este año, en el último pleno ordinario de la pasada legislatura.

El motivo fue que la interventora hizo uso de las facultades legales que le da la Ley de Haciendas Locales, antes de dejar el Ayuntamiento, para elevar al Pleno con el fin de que se conociera una serie de informes con diversos reparos expresados a pagos aprobados por el entonces alcalde durante su mandato, en los que se incluyen los dos dictámenes. Esta retahíla de informes fue publicada como anexo al acta de aquella sesión plenaria.

Una vez conocidos los informes, la Agrupación Socialista decidió presentar una denuncia por  la presunta prevaricación que supondría liberar un pago con un expreso informe en contra de la Intervención. Esta denuncia fue admitida a trámite y llevó a la imputación del exregidor.

«No somos jueces».

El secretario local del PSOE señala que  con su denuncia no han buscado ningún rédito para su partido, como muestra que no hicieran pública su presentación en vísperas de la campaña electoral de los comicios municipales de mayo. Rodríguez afirma que su principal interés es esclarecer si el pago ordenado por Cabanes pudo ser legal aún habiendo sido acordado en contra del dictamen de la Intervención.  «Esta denuncia sólo la costea el Partido Socialista de Illescas», comenta el  también portavoz del equipo de Gobierno para negar que en esta iniciativa se estén usando fondos municipales. Y añade que su grupo no quiere calificar la actuación del exregidor, porque «tiene que ser la Justicia la que determine si hay una responsabilidad política o penal al respecto. Nosotros no somos jueces».

Hay que señalar que la denuncia del PSOE sólo recoge una parte de los pagos con los que la Interventora expresó su disconformidad. También puso sus reparos a las facturas de otra compañía al considerarla sucesora de la empresa en concurso de acreedores.