Hacer un análisis y un ofrecimiento. Eso le trajo ayer al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a Toledo. Acompañado del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio;y el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás; Beteta respondió a las inquietudes de los veinte empresarios que participaron en esta jornada de trabajo, referidas fundamentalmente a los cobros.
Poco antes de comenzar el encuentro, el secretario de Estado manifestó ante los medios de comunicación que desde el Gobierno son conscientes de que «en estos últimos dos meses se está degradando la situación de pagos en esta comunidad autónoma», y por ello era necesario analizar este hecho y ver qué opciones y posibilidades se pueden llevar a cabo para aliviar la situación de los empresarios.
En este sentido, indicó que la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos analizará estas circunstancias con el objetivo de tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que exige el pago en 30 días, que haya transparencia en materia de los gastos públicos a través de la utilización de la factura electrónica, y la aplicación de los principios que se derivan de la Ley de Transparencia. En definitiva, la finalidad es -dijo Beteta- «poder ver las medidas a muy corto plazo que se puedan adoptar, posiblemente a lo largo de este mismo mes de octubre, con el objetivo de que el conjunto de los empresarios de España puedan tener las soluciones precisas».
las medidas. Y las soluciones «se llaman dinero», recalcó el secretario de Estado. Un dinero que, anunció, va a aportar el Gobierno de España a través de fondos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Para ello, insistió, primero tendrán que ver el grado de retraso que hay y las cantidades pendientes de pago, para chequear los datos y compararlos con los que les remite la comunidad autónoma, y a partir de ahí «poder hacer unas de estas operaciones que nosotros hacemos a diez años ,a tipo de interés 0», y en las que la comunidad no tiene que amortizar nada ni pagar nada en los dos primeros ejercicios y en el resto sólo devolver y sin intereses. «De lo que se trata es de ayudar a pagar y no de poner en solfa las políticas de ningún Gobierno regional», destacó.
A este respecto, Beteta también quiso hacer una valoración con los empresarios del efecto que ha tenido el Plan de proveedores en el tejido productivo en Castilla-La Mancha. Recordó que es la cuarta comunidad autónoma que más dinero ha recibido, más de 11.000 millones de euros, lo cual -afirmó- «ha supuesto que sea un auténtico revulsivo en la economía regional, que ha permitido que haya una reducción del desempleo, un incremento del Producto Interior Bruto del 1,4%, y nos permite haber abordado una reforma fiscal que supondrá una reducción media superior a los 300 euros per cápita».