La Plataforma de Afectados por el IBI considera que la decisión del Tribunal Constitucional de anular las sentencias sobre el POM y solicitar una nueva al Tribunal Superior de Justicia no afectará «al fondo del problema, porque lo que anula es un defecto de forma», ha explicado a La Tribuna el presidente del colectivo, Andrés García. Y es que, para sus reivindicaciones, esta noticia no influye sustancialmente, aunque sí afecta a los plazos de demora del proceso. «Nos va a alargar, y mucho, los procedimientos en marcha,  pero en sí a nuestros recursos no afecta; lo único que ha hecho el Costitucional es poner de relieve un defecto de derecho procesal porque el Supremo y el Superior de Justicia de Albacete se han pasado en sus competencias».

Los afectados piensan que esta sentencia es un simple «tirón de orejas» a los dos tribunales, obligando a dictar un nuevo resultado aunque «el procedimiento judicial se queda justo en el momento anterior de dictar sentencia; en sí, no dice nada nuevo».

«A nosotros nos afecta en cuanto al tiempo que se demorarán los procesos judiciales, de nuestros recursos», recalca García, aunque destaca que el Ayuntamiento «sigue con el mismo problema, no les han solucionado nada, no tienen nada que celebrar. De hecho lo único que hacen es ganar tiempo para no tener que pagar».

Y es que a su juicio el POM sigue siendo nulo porque económicamente es inviable. «El coste mínimo de ejecución de obra está por encima del precio de mercado porque tiene unas cargas por hectárea altísimas, no es económicamente rentable hacer ningún tipo de desarrollo urbanístico. Al final, tendrán que anular este plan para hacer uno nuevo, aunque ahora sea válido temporalmente».

Por otro lado, la Plataforma espera que, aunque ahora el POM del 2007 sea válido, el Ayuntamiento siga con su palabra de paralizar los embargos a pensiones de los propietarios.