Al PP municipal ayer no le había llegado la convocatoria para la Comisión de Urbanismo en la que les van a informar sobre el problema jurídico del POM (plan de ordenación municipal) pero ya tienen una opinión por anticipado: esperan que el Gobierno local «no gaste más dinero de forma absurda en recursos», en este caso de amparo ante el Tribunal Constitucional (que, por cierto, son más caros: 110.000 euros costó el anterior para no sacar nada en limpio). José López Gamarra no entiende las dudas que expresa ahora el concejal de Urbanismo cuando hace meses su compañero portavoz ya dijo que si la respuesta del Tribunal Supremo era negativa darían por acabado el pleito.