El secretario-interventor designado por la Diputación para acatar la orden del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha e indicar las partidas presupuestarias del Ayuntamiento de Gerindote que permitan cumplir la indemnización de 520.000 euros fijada en el año 2010 -más 264.544,09 euros en concepto de intereses- por la expropiación forzosa de una superficie de 11.299,6 metros cuadrados a los propietarios para uso deportivo, ha elaborado un informe que incluye las irregularidades detectadas en la liquidación del presupuesto de 2014 y ha aprobado inicialmente las cuentas de 2015 que fijan 2.663.204,21 euros en ingresos y 2.437.837,56 euros en gastos. En dicho informe, el técnico señala que se ha de informar a las partes del expediente incluido el informe -Ayuntamiento y propietarios del suelo- por si el Consistorio  prefiere declarar de oficio nulo de pleno derecho el expediente de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2014.

Respecto a la liquidación del presupuesto de 2014, el TSJ considera nulos de pleno Derecho los expedientes de modificación de crédito del 7 de octubre y del 30 de diciembre de 2014 porque la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación y no al alcalde. Sobre esta cuestión, añade que el del 30 de diciembre se autoriza una modificación cuando ya está ejecutado el presupuesto en su totalidad, pues se hace sólo un día antes de la conclusión del ejercicio.

Asimismo, el informe técnico ha advertido «desfases» en el expediente de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2014, debido a que no cuadran los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2014 con los del decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto por la incorporación en este último del expediente de modificación de crédito del 30 de diciembre.

A continuación, subraya la diferencia en los Saldos de Dudoso Cobro, que disminuyen «significativamente» en el decreto de aprobación de la liquidación, sin que sea reflejado en el informe de Intervención, pese a que disminuye en un 60 por ciento respecto a la liquidación del presupuesto de 2013.

«Se considera que el dato más aproximado a la realidad financiera es reflejado en la información correspondiente al Estado de Ejecución del cuarto trimestre, que se facilitó antes de incorporar los expedientes de modificación de créditos», dice el informe, que agrega:«Presentan indicios racionales de que la fecha real de la confección de estos dos expedientes de modificación de créditos es posterior al día 30 de enero de 2015, fecha límite para facilitar la información telemática al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas».

Entre los desfases del expediente de liquidación de 2014, figura también como pendiente de pago en el presupuesto de gastos un importe de 520.139,55 euros sin tener en cuenta que el 1 de septiembre de 2014 se pagaron 28.322,50 euros. En este sentido, alude el informe del secretario-interventor de la Diputación que el importe de las modificaciones presupuestarias entre los años 2012 y 2014 se eleva a 1.040.278,53 euros, «muy superior a la calculada para cumplimiento de la sentencia», puesto que el importe total es de 520.139,55 euros, más 264.544,09 euros, lo que da un montante de 784.683,64 euros.

El secretario-interventor designado por la Diputación también señala «que nada sirve habilitar crédito si no se reconoce la obligación y se efectúa el pago de la obligación reconocida».

El juez ordena publicar el presupuesto de 2015 por si hubiera reclamaciones.

En cuanto a la aprobación inicial del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Gerindote para 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha decidido exponer al público este acto por espacio de 15 días hábiles en el tablón de edictos del Consistorio para poder presentar las reclamaciones ante el tribunal de ámbito regional. Se considerará aprobado si no se presentan reclamaciones.

Se trata del primer caso de elección de un secretario-interventor de la Diputación para intervenir las cuentas de un ayuntamiento para obtener una partida presupuestaria con el objetivo de dar cumplimiento de una sentencia y sólo se tiene constancia de un antecedente en España.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó en abril de 2014 que el secretario del Ayuntamiento disponía de un plazo de un mes para la modificación presupuestaria, por lo que al final la Justicia ha pedido la ayuda de la Diputación en un caso que se remonta a 2006.

Hay que recordar, que en un principio, el Jurado Regional de Valoraciones fijó por los terrenos en lid un justiprecio de 136.921,73, que posteriormente el tribunal regional elevó a 520.139,55 euros, que es la cantidad que debe satisfacer el Consistorio de Gerindote, a la que se añadirán los intereses.