El PP municipal comprende que Fedeto vaya a reclamar al Ayuntamiento de Toledo la devolución del IBI cobrado indebidamente porque considera que el equipo de Gobierno encabezado por Emiliano García-Page es culpable de haber «arruinado deliberadamente» a pequeños propietarios con la decisión de no cumplir las sentencias que desde el año 2011 han declarado nulo el Plan de Ordenación Municipal. Claudia Alonso anuncia que volverán a pedir una valoración oficial del daño y que el presupuesto  2015 incluya las «cautelas necesarias» para el caso que haya que empezar la devolución.

La portavoz del PP afirma que el Ayuntamiento tendría que haber devuelto las cantidades que, tras las sentencias, ha quedado claro que no tendría que haber cobrado ya que esas facturas exageradas están dificultando a las empresas cumplir su función de crear empleo y generar riqueza.

Según sus datos, hay «cientos de personas» que están pagando IBI urbano de hasta 20.000 euros al año por «patatales» y el Ayuntamiento se ha embolsado más de 20 millones de euros que va a tener que devolver tarde o temprano, con el añadido de gastos de demora, intereses, costas judiciales...

La diferencia entre la interpretación del PP y la de Fedeto está en la fecha de referencia. Mientras la organización empresarial cree que el IBI está mal facturado desde 2008, año de aprobación del POM, Alonso retrasa el momento crucial hasta 2011, con la sentencia de anulación. Es algo más que un matiz que acarrea una diferencia de millones de euros.

La aclaración de quien lleva razón tendrá que venir por la vía judicial ya que Alonso dice que, en caso de gobernar, el PP llevará a cabo la devolución tal y como lo decreten las sentencias que vayan produciéndose.

La concejal popular apuntala su tesis señalando que el problema no se habría producido si el Ayuntamiento de Toledo hubieran entendido que en un terreno rústico no cabe cobrar IBI urbano. También asegura que el PSOE de García-Page no ha querido sentarse con el PP para encontrar una fórmula de salvaguarda para los intereses municipales.

Bajo su punto de vista el alcalde ha gestionado mal sin importarle meter a la Administración local en un escollo que hipoteca el futuro y van a tener que pagar los ciudadanos durante los próximos años, cuando él esté lejos.

En cuanto a la responsabilidad del Catastro, autor de la ponencia de valores que da pie al cálculo del IBI, Alonso echa balones fuera y apunta que fue García-Page quien solicitó la revisión, quien facilitó los datos de las fincas recalificadas, quien no modificó los criterios tras las sentencias de 2011 y quien no ha querido hacer como otros ayuntamientos que se cubrieron las espaldas manteniendo los recibos rústicos a terrenos declarados urbanizables.