El portavoz del Gobierno municipal de Toledo, José Pablo Sabrido, por fin informó ayer (con un mes de retraso) del contencioso judicial abierto como consecuencia de la compra de la colección Luis Alba (heredada de anteriores Corporaciones). Admite que la juez les acusa de «voluntad manifiesta de no pagar» pero, con todo su respeto, considera que tal valoración «es injusta» ya que la Junta de Gobierno dio inicio de inmediato (el pasado 4 de julio) el expediente de modificación de crédito para consignar la cantidad que se reclama (150.000 euros solo por los intereses).

Dicho eso, también reconoce que el auto judicial habla de ver si hay «responsabilidad penal de la alcaldesa» aunque luego (por lo visto ha llegado más de una comunicación de la magistrada) en una providencia  sustituye la referencia personal (institucional) a la regidora por la genérica «de alguien».

Por cierto, el concejal asegura que la colección no está completa en poder del Ayuntamiento sino que «falta una tercera parte» de lo que se compró, aunque matiza que eso son «comentarios de los técnicos» que no entienden que haya que pagar intereses de algo que está incompleto.