El VII Convenio Marco estatal de Dependencia va a convertir a 19.000 gerocultoras (trabajadoras en 375 residencias de ancianos) de Castilla-La Mancha en «chicas para todo», a voluntad de lo que decidan en cada momento las 250 empresas que operan en la región. La secretaria federal de Sanidad y Dependencia de FeSP UGT, Gracia Álvarez, el responsable del Sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT CLM, Luis Manuel Monforte, y la responsable de Residencias de Mayores de FeSP UGT Toledo, María José Bedoya, no entienden por qué el sindicato CCOO ha firmado un documento que «empeora» las condiciones laborales de estas profesionales echando por tierra el trabajo de 3 años durante los que se han celebrado 43 reuniones con la patronal.

Álvarez advierte de que el convenio produce «indefensión» desde el momento que da carta de naturaleza a la posibilidad de que las empresas obliguen a estas trabajadoras a realizar tareas que en condiciones normales quedan fuera de sus competencias profesionales. Por ejemplo, las pueden obligar a hacer de limpiadoras «cuando en el servicio existan circunstancias que así lo requieran»

Las empresas tiene la potestad de organizar el trabajo, van a ver en esta cláusula la posibilidad de reducir costes y lo van a utilizar a voluntad. El resultado será que si esta profesionales se dedican a limpiar los baños o los pasillos descuidan a los ancianos y, por lo tanto, el convenio «precariza» el trabajo de ellas y la atención a los usuarios.

UGT también protesta porque hace poco se exigió a estas trabajadoras costearse de su tiempo y dinero una acreditación profesional que ahora no se va a respetar.

Además avisan de los efectos nocivos que tendrá da cara al futuro en una sociedad cada vez más envejecida donde acudirán más empresas a obtener beneficios de una actividad que ya ahora es rentable con la peculiaridad de que la atención a la dependencia es un servicio presuntamente garantizado por los poderes públicos pero que se presta por medio de entidades privadas.