La actual crisis migratoria que vive la UE y la manera de afrontarla por parte de unos Estados miembro que se dividen entre los que consideran que se trata de un «problema comunitario» y los que apuntan a que debe ser cada país el que busque una solución colocan al bloque ante una difícil tesitura, quizá una de las mayores amenazas para la Unión desde el referéndum del Brexit celebrado en junio de 2016.

A pesar de que la cumbre informal celebrada el pasado domingo en Bruselas entre líderes de 16 naciones tuvo un resultado satisfactorio para los asistentes, el problema continúa y la fractura sigue patente, por ejemplo, en el caso del buque de la ONG alemana Lifeline, que se encuentra en aguas del Mediterráneo a la espera de un destino después de que Malta e Italia le denegasen el permiso para atracar en alguno de sus puertos, mientras Gobiernos como los de Alemania o Francia exigen a Roma que acoja al barco, con 240 sin papeles a bordo.

En vísperas del Consejo Europeo, que se celebra el jueves y el viernes próximos, existe un peligro de segmentación. Y es que después de que los presidentes galo y español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, y la canciller alemana, Angela Merkel, apostasen la semana pasada por la creación de centros migratorios en suelo europeo para procesar las solicitudes de asilo, socios como Austria abogan por una devolución inmediata a los países de partida y ayer Italia echó más leña al fuego.