La Guardia Civil, en el marco de la operación RUEDAS III, ha desarticulado una red que había defraudado 15 millones del I.V.A. por la compra de vehículos de lujo procedentes principalmente de Alemania, Holanda y Bélgica. Se ha detenido a 10 integrantes (6 en Madrid, 2 en Palencia, 1 en Navarra y 1 en Asturias), y se ha imputado a otros 3. La organización usó unas 30 empresas mercantiles para estos fines, que en cinco años habrían manejado 105 millones en operaciones, y cuyo I.V.A. no ingresaron en las arcas públicas.

La investigación se ha desarrollado en tres fases. En una primera, a principios de 2014 y en la que las actuaciones se centraron en Madrid, Segovia, Albacete, Toledo y Córdoba, se detectaron movimientos por importe de 83 millones, resultaron involucradas 15 personas y 12 empresas. De este modo, esta primera fase fue la única que afectó a la provincia.

La operación se inició tras una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Castilla y León, en la que ponía de manifiesto la existencia de un vecino de Magaz de Pisuerga (Palencia) y otro de Palencia capital, que podrían estar adquiriendo vehículos en la Unión Europea y que, una vez en España, no ingresaban las correspondientes cuotas de I.V.A.

Tras las investigaciones de los agentes, se detectó a un grupo delictivo dedicado a la compra de vehículos en países de la U.E eludiendo los impuestos. Para ello, utilizaban el esquema clásico en este tipo de fraudes, consistente en situar en el primer escalón de la importación de los vehículos a un operador fraudulento, registrado previamente en el Registro de Operadores Intracomunitarios, para que simulara operaciones de compra de productos en la Unión Europea, que al tratarse de operaciones intracomunitarias están exentas de I.V.A. en origen.

Los especialistas de la Guardia Civil han completado la operación investigando a 44 empresas y 85 cuentas corrientes, lo que ha requerido en estudio y análisis de miles de movimientos bancarios, así como el examen de una inmensa cantidad de documentación tributaria y mercantil, dado el abultado número de empresas y de ejercicios fiscales a controlar.