m.g. | TOLEDO

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- Foto: David Pérez Se acaba de celebrar la apertura del curso judicial, pero los medios son los mismos y Toledo seguirá la misma sobrecarga de trabajo.

En estos momentos, la carga de trabajo está igualmente repartida en los distintos juzgados y órdenes jurisdiccionales, en laboral, civil, penal y mercantil. Pero por la situación económica actual los más afectados son los juzgados de lo Social y el Mercantil, éste tiene una gran cantidad de procedimientos concursales que compatibiliza con la actividad de un juzgado mixto.

¿Sigue habiendo mucho retraso a la hora de señalar juicios?

En Contencioso y Social sea acusa más retraso. En la segunda se han acortado muchísimo los plazos, aunque también es cierto que en esta jurisdicción  procuran señalar antes los despidos y las extinciones. Pero las reclamaciones de salario se van a casi un año y es tremendamente injusto que un trabajador tenga que ver su juicio sobre salarios al cabo de tanto tiempo.Aun así, me consta que con los apoyos de jueces se han acortado un poco más los plazos.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa está muy colapsada y los señalamientos se fijan para el 2015. Una dilación tan lejana que está justificada porque el juez ha valorado que el perjuicio que se está causando da igual que se vea hoy o mañana, aunque no deja de ser un trato perjudicial para las partes.

En la memoria del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha que se dio a conocer en verano se apuntaba la escasez de medios y la necesidad de 15 juzgados nuevos para la provincia de Toledo para evitar sobrecargas y ofrecer un buen servicio. ¿Qué le parece?

Es evidente que necesitamos más juzgados, o quizá más personal porque en época de crisis hay que optimizar y gestionar bien los medios. No se trata de disponer de más espacios físicos, más bien de personal especializado, es decir, más jueces y plantilla cualificada que puedan resolver e impulsar los procedimientos porque la interinidad de las personas vinculadas a la administración de Justicia es uno de los principales problemas que tenemos. Una situación que afecta a los jueces y al resto de empleados, ya que hay muchos que están en situación de interinidad y no conocen los procedimientos ni la gestión del procedimiento del día de la misma manera que un funcionario que tiene una oposición y experiencia en una determinada jurisdicción.  

La Ley de Tasas lleva en vigor más de nueve meses. ¿Está resultando tan lesiva como se apuntó desde el ámbito judicial en su momento?

Está resultando más lesiva de lo que presumimos. La gente se está mentalizando de que la situación es la que es y tenemos mucha incertidumbre hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad  o no de la ley. Ya se han pronunciado muchos órganos judiciales en ese sentido y es muy probable que sí lo sea porque se vulneran derechos constitucionales, sobre todo, la tutela judicial efectiva y el derecho de todos a la justicia en igualdad de condiciones.

Las tasas se han notado a la hora de iniciar procedimientos judiciales, pero han causado más perjuicio a los ciudadanos que están en un procedimiento y quieren recurrir tras la sentencia porque se le obliga a pagar una tasa y termina dejándolo por la dificultad o por la imposibilidad de afrontarla. La realidad está demostrando que está siendo muy perjudicial y hemos llegado a la conclusión de que no tiene ninguna justificación se mire por donde se mire.

Hay varias sentencias que apuntan que las tasas podrían ser inconstitucionales aunque aún falta el dictamen del Constitucional. ¿Son un primer paso?

Son pasos positivos que van anticipando lo que puede ser el pronunciamiento del Constitucional, pero, al mismo tiempo, han creado una inseguridad jurídica en los órganos judiciales y entre los abogados, los procuradores y, sobre todo, en la sociedad. Hay juzgados que están eximiendo del pago de las tasas por el hecho de que la ley puede ser inconstitucional, pero es una injusticia y una inseguridad que unos las apliquen y otros no.

En un principio, los abogados tenían pensado acompañar las demandas con escritos para dejar  constancia del malestar por esta nueva ley. ¿Se está llevando a cabo esta iniciativa?

Al principio, hicimos aquella recomendación de la rebelión profesional al cumplimiento de las tasas y sugerimos acompañar con las demandas esta solicitud de exención, una iniciativa que venía del Consejo General de la Abogacía. Pero los tribunales entendieron que no era una solicitud ajustada a derecho y, al final, el cliente se veía perjudicado por la reclamación.

Está en marcha la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una de las medidas más llamativas es la posibilidad de que la instrucción recaiga en los fiscales. ¿Sería positivo?

Con todo el respeto, siempre he creído que la posición y las funciones del Ministerio Fiscal en el proceso son defender de alguna manera la legalidad y el interés público, pero no debe intervenir en el proceso y menos en una fase tan importante como la instrucción.

Me parecería bien que, en un momento determinado, pudieran impulsar las denuncias que se ejerciten ante la Fiscalía y elevarlas ante los tribunales si fuera posible. Pero una cosa distinta sería que el Ministerio Fiscal tenga la facultad de decidir, resolver y pronunciarse sobre la instrucción porque es tanto como sustraerle al juez una facultad que tiene conferida constitucionalmente. Siempre he creído que el Ministerio Fiscal tiene que estar en la misma posición de igualdad que el abogado,  uno defendiendo los intereses públicos y otro los particulares, pero sujetos a los mismos principios.

Sin embargo, aquí saldría reforzado en unas funciones que son estrictamente jurisdiccionales. No creo que vaya a ayudar a que los procedimientos  penales se impulsen, que las denuncias sean más efectivas y que el proceso de instrucción, que es el que dilata indebidamente todos los procesos, se vaya a resolver con la intervención del fiscal. Se soluciona con jueces de instrucción y si no hay suficientes habrá que duplicar el número para que los procedimientos se resuelvan sin dilaciones.

En caso de que finalmente la instrucción recaiga en los fiscales, ¿sería necesario aumentar las plantillas?

Sí. También el Ministerio Fiscal precisa de un refuerzo importante de sus plantillas y va a necesitar fiscales especializados en la instrucción del procedimiento. Además, se está denunciando la falta de medios en todas las capitales de provincia.

El proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales está generando un profundo malestar en los procuradores porque, entre otras cosas, ven peligrar su profesión porque pueda desempeñar su trabajo un abogado.

El anteproyecto preocupa a todos. A los procuradores les preocupa porque es como si se aboliera su función y el papel que desempeñan, pero también es cierto que se les permite ejercer como abogados. Entiendo y me solidarizo con su preocupación, pero lo cierto es que no se extingue al procurador porque son licenciados en Derecho y pueden ejercer como abogados. Además, en las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativo no es necesario la intervención del procurador.

El problema es que tienen que colegiarse y hacerlo en un colegio que no es el suyo. Los procuradores están defendiendo bien y con ahínco sus intereses y los abogados lo único que podemos hacer es respetar el proyecto de ley y permitirles que ejerzan como abogados.

¿Y cómo afectará esta nueva ley a los abogados?

Me preocupa la existencia y supervivencia de los colegios de abogados porque tal y como están concebidos están abocados prácticamente a la desaparición. Ya mí me preocupa porque  con toda la normativa que está viniendo de Europa, la libre competencia y la libertad de ejercicio profesional y la posible eliminación de las cuotas que persigue la Comisión Nacional de la Competencia nos vamos a convertir en organizaciones, en un colectivo profesional más. Y si no va a ser obligatoria la colegiación podremos ejercer en cualquier sitio. ¿Quién va a controlar la deontología profesional? ¿Quién va a ordenar un poco la profesión para evitar que haya una guerra en el sector?

También me preocupan los servicios de turno de oficio y de violencia, porque ahí se causaría un perjuicio a la sociedad.

¿Qué le parece la próxima reforma del Código Penal?

Todas las mejoras son necesarias si sirven para mejorar, pero en este país las modificaciones y las reformas legislativas duran poco porque se hacen mal y porque se legisla por la repercusión mediática que tienen algunos hechos. Muchas de las cuestiones que se están planteando ahora en distintas materias, violencia, administración pública, corrupción, malversación de fondos o delitos medioambientales no justifican que tengamos que reformar el Código Penal, ya que todos los tipos penales recogen la inmensa mayoría de hechos sancionables penalmente. Otra cosa es que haya que endurecer las sanción prevista para el delito y la responsabilidad civil inherente para el delito.

No soy partidario de las reformas penales que se hacen porque sí, aunque es cierto que hay determinadas conductas, como los delitos informáticos y de nuevas tecnologías, que no tienen protección en el Código Penal y la necesitan.

Varias asociaciones de abogados han demostrado ya su rechazo a la posibilidad de la pena privativa de libertad de carácter perpetuo que también plantea la reforma para delitos muy graves. ¿Es exagerado?

Si la Constitución prevé que la pena tiene un fin rehabilitador y se procura la reinserción social del que cumple condena no parece muy razonable que quien haya sido condenado y haya cumplido la pena prevista se le condene indefinidamente y de por vida porque la prisión permanente privaría esos fines y no conduce a nada si se pretende la reinserción social.

Otra cosa es que la sociedad crea que un preso puede educarse o reinsertarse después de pasar veinte o treinta años en la cárcel. Pero lo que más me preocupa es saber quién decide y cómo que concurren criterios para aplicarla con carácter permanente y quién revisa, ¿el órgano judicial, el penitenciario o el órgano decisor político? Además, puede haber delitos muy graves donde el preso tenga voluntad de rehabilitarse y tenga un buen comportamiento en la cárcel después de una amplia condena y otros que por delitos menos graves no tengan ninguna intención de reinsertarse y sean un mayor peligro para la sociedad. Así que se puede caer en una inseguridad jurídica que puede tener consecuencias para la sociedad y para el sistema.

Otro de los cambios previstos será la supresión de las faltas, salvo en el ámbito penal, como delitos para llevarlas por la vía administrativa. ¿Agilizará la actividad en los juzgados?

Se pretende descargar el Código Penal de muchos comportamientos que pueden tener más fácil solución en vía administrativa que no en el ámbito penal. Se descargaría mucho la actividad judicial y evitaríamos llevar a los juzgados asuntos de escasa transcendencia que interfieren en el funcionamiento de la Justicia.

¿Debería potenciarse más las conformidades y la mediación? ¿Las reformas legislativas lo plantean?

Ambas son muy importantes porque agilizan mucho, pero tienen consecuencias que hay que valorar. Tenemos que ver es si esa tutela que se consigue en los juzgados la pueden conseguir en la mediación. También hay que ver si dentro de un protocolo de conformidades se puede transigir sobre la responsabilidad civil y penal de un delito. Si se hace con garantías y se respetan los intereses de las partes es bueno porque no necesariamente la  Justicia es la que debe reparar y dar solución a todos los conflictos que se plantean en la sociedad.

La Ley de Demarcación y Planta también está levantado expectación y cierta preocupación por la posibilidad de concentrar los juzgados en las capitales.

No sé cómo acabará, pero la demarcación y la planta son razonables tal y como están establecidas. Debemos aprovechar los partidos judiciales, dotarlos de las funciones, del personal y de los medios necesarios. Lo que realmente se debe trabajar y modificar es la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal. Pero no soluciona nada que queramos ahorrar en el presupuesto a base de amortizar juzgados y tribunales que están por toda la demarcación territorial. El problema no es suprimirlos sino dotarlos de las funciones necesarias para que  puedan dar respuesta a las mismas.

Está en marcha el proyecto para una nueva ley de custodia compartida, pero varios colectivos han demostrado su rechazo al texto y consideran que la ley es humo.

La custodia compartida es una institución muy compleja. El hecho de que un juez tenga que decidir en caso de que, al menos, un progenitor la pida no sé si dotará de más garantía y seguridad para los menores implicados. Si uno de los cónyuges tiene la guardia y custodia y el interés del menor así lo exige es la opción que se debe defender.

No estoy seguro de que la custodia compartida parezca la mejor solución por las controversias que se plantean tras una separación, pero si es consensuada y los cónyuges están de acuerdo parece razonable.  Está claro que si no están de acuerdo no servirá de nada que lo ratifique un juez y surgirán desavenencias. Es una cuestión que dará mucho que hablar depende quien la quiera defender, pero hay que mirarla con mucha reserva porque el interés que debe prevalecer es el de los hijos.