El Gobierno de Pedro Sánchez quiere devolver a los sin papeles el derecho a la atención sanitaria integral que el anterior Ejecutivo eliminó por medio del Real Decreto 16/2012, que aún está en vigor. El nuevo presidente comienza así a profundizar en su agenda social aunque, en este caso concreto, tardará algún tiempo en llevarlo a término, ya que se hará de manera «dialogada» con las comunidades autónomas y la sociedad civil, según informó ayer la portavoz del Gabinete socialista, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Si bien el Ejecutivo se vio obligado a matizar algunas de las iniciativas que anunció cuando estaba en la oposición por «pragmatismo», como la derogación de la reforma laboral, en este caso sí que quiere revertir la decisión adoptada por el PP en el año 2012 y hacerlo de la misma forma, por medio de un Real Decreto Ley «para devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud. Es una cuestión de decencia política», señaló la portavoz. Los plazos que se han dado estarán en torno a las seis semanas de procedimiento dialogado «y otros 30 días para su convalidación en el Congreso».

Con el Decreto de 2012 hubo comunidades que se rebelaron contra este mandato y siguieron ofreciendo una sanidad universal en sus territorios. En esta ocasión, Celaá se mostró convencida de que «no habrá ninguna región que lo incumpla». Es más, aseguró que la nueva norma «se instalará de manera integral y que será cumplida en todos sus términos».

Además de esta cuestión, el Ejecutivo anunció la concesión de un préstamo por parte del Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social de 10.192 para el pago a los pensionistas de la nómina y la paga extra de julio.