El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Illescas ha decretado en un auto firmado el 7 de junio la apertura de juicio oral contra el alcalde de Valmojado, Jesús Agudo, por la acusación de un delito de prevaricación administrativa, así como contra la concejala de Asuntos Sociales, Participación Ciudadana y Régimen Interior, María Petra Guerra. El procedimiento sobre irregularidades municipales durante el litigio de una finca incluye la denuncia por un delito de tráfico de influencias contra el exregidor del municipio Emiliano Paulino González. Un Juzgado de lo Penal de Toledo será el competente para la celebración del juicio.

El Ministerio solicita contra Jesús Agudo la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de ocho años. Contra Emiliano Paulino González, la pena de 20 meses de prisión y la multa del duplo del valor del terreno cuya propiedad no le fue quitada. La petición menciona también a R. M. M., un letrado para quien solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante tres años y una multa. La acusación particular extiende la causa contra la edil Guerra, así como contra otros acusados por prevaricación administrativa.

Como ya informó este diario en el mes de abril, la causa se debe a unos delitos cometidos presuntamente por irregularidades durante el litigio por una finca que en su día reclamó el Ayuntamiento de este municipio sagreño.

El escrito detallaba que el exalcalde González influyó en el regidor Agudo para que paralizara la reclamación por parte del Ayuntamiento de una finca que consideraba de su propiedad. Para ello, Agudo nombró al abogado R. M. M., letrado de la confianza de González, para que ejerciera la representación municipal en el pleito.

El letrado elaboró «a sabiendas un informe que permitiera acordar el allanamiento -renuncia, por el Ayuntamiento- en el procedimiento administrativo seguido contra la propiedad de González Serrano (...) defendiendo así los intereses del Ayuntamiento y los de González, partes contrarias en ese procedimiento», según detalló este diario con el escrito de la Fiscalía como base.

El Ministerio Público expuso como evidencia en el escrito que el letrado, cuando fue elegido por el alcalde Agudo para llevar el procedimiento, «era abogado de la empresa Valserranew, de la que era administrador único González».

La Fiscalía concluía el relato de los hechos con el destacado de que el informe del abogado permitió al alcalde Agudo votar en un Pleno extraordinario celebrado el 27 de julio de 2012 a favor de la renuncia de la reclamación de la finca González «consiguiendo que otros concejales votaran también a favor» y que quedara aprobado para «el beneficio del exalcalde».