La Diputación Provincial ha designado al secretario-interventor del Servicio de Asistencia a Municipios Santiago López para que colabore con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un procedimiento de ejecución definitiva de una expropiación forzosa, a tenor de una providencia del órganismo de Justicia del 17 de octubre de 2014 y una resolución posterior del 5 de noviembre de 2014 de la Diputación. La disputa en cuestión se debe a una superficie deportiva en Gerindote.

Se trata del primer caso de designación de un secretario-interventor de la Diputación para intervenir las cuentas de un Ayuntamiento con el propósito de obtener una partida presupuestaria para el cumplimiento de una sentencia. Además, sólo se tiene constancia de otro antecedente de este tipo en España. En este sentido, el secretario-interventor delegado tiene mano libre en el manejo del presupuesto municipal, y su figura está por encima de la del alcalde y el Pleno.

Los cometidos del secretario-interventor encargado serán llevar a cabo las modificaciones presupuestarias en el actual presupuesto y en los siguientes para cumplir con el abono de la cantidad íntegra de unos terrenos que fueron expropiados por el Ayuntamiento y cuyo justiprecio elevó a más de 520.000 euros.

En este sentido, el elegido por la Diputación indicará qué partidas presupuestarias pueden ser destinadas al cumplimiento de la sentencia, sin afectar al mantenimiento y prestación de servicios públicos obligatorios. Así, el secretario actual del Ayuntamiento de Gerindote está obligado a ayudar al delegado.

un caso del año 2006. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó ya en abril de 2014 que el secretario del Ayuntamiento de Gerindote tenía un plazo de un mes para hacer una modificación presupuestaria. Finalmente, el Tribunal ha pedido el auxilio de la Diputación Provincial, teniendo en cuenta que la sentencia favorable se remonta a un caso del año 2006, por lo tanto, hace ya un total de nueve años.

El TSJ de Castilla-La Mancha se pronunció en 2010 sobre este caso basado en el justiprecio de 11.299,6 metros cuadrados fijado en 2006 en 136.921,73 euros. Los propietarios apuntaban que no se les dio traslado un documento obligatorio para cumplir la expropiación forzosa.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decidió anular el acuerdo del Jurado Regional de Valoraciones de 2006 y fijar el importe de la indemnización en 520.139,55 euros, a lo que se añadirá los intereses legales desde el inicio del expediente de justiprecio.

Este diario se puso ayer en contacto con el alcalde de Gerindote y diputado de Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial, Julián Morales, regidor de una localidad de alrededor de 2.500 habitantes perteneciente a la comarca de Torrijos. Sin embargo, el representante municipal eludió hacer declaraciones sobre esta decisión judicial.