La provincia de Toledo es una de las más afectadas por los robos de cobre, según reconoce el Ministerio del Interior a través de un comunicado. Esto ha llevado al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz a poner en marcha un ‘Plan Permanente de Respuesta a las Actividades Ilícitas relacionadas con el Cobre’, para combatir el robo de cobre en España.
Por distribución geográfica, las provincias que tienen una mayor incidencia de este tipo de delitos en la demarcación de la Guardia Civil son Valencia, Toledo, Alicante, Madrid, Murcia, Sevilla y Zaragoza mientras que en la demarcación de la Policía Nacional son Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Vizcaya, Las Palmas y Cádiz.
Los lugares habituales de comisión de estos delitos son casas de campo, tendido eléctrico, transformadores, pozos de riego, estaciones, centros de reciclaje, campos eólicos, explotaciones agrícolas y ganaderas, vías públicas, empresas y obras, entre otros.
Durante el año pasado, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron en toda España a 2.308 personas, recuperaron más de 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de hilo de cobre sustraído. En el período 2011-2014, se llevaron a cabo un total de 11.442 detenciones, se recuperaron más de 2.600 toneladas de cobre y más de 17.300 kilómetros de hilo de cobre robado.
Evitar robos y la venta de lo robado.
La Instrucción que regula este plan contra el robo de cobre, dictada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, tiene como fin prevenir toda actividad ilícita que tenga por objeto la comercialización de cable y otro material de cobre, así como evitar el robo de cobre en establecimientos industriales, almacenes, infraestructuras, servicios públicos y en cualquier instalación que preste servicios esenciales para la comunidad.
Para lograr este objetivo, se incrementará la obtención de información por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para combatir estos delitos.
Además, se amplía la coordinación policial en esta materia tanto en el marco internacional, a través de Europol, Interpol y otros organismos, como en marco nacional, mediante mecanismos que permitan ofrecer una respuesta coordinada por parte de las Fuerzas s de Seguridad del Estado y de los Cuerpos Policiales autonómicos y municipales.
Como una de las medidas de prevención, la Instrucción establece un censo de industrias, depósitos, redes de distribución, de servicios y otras instalaciones donde se fabrique, procese, utilice o almacene el cobre que es susceptible de ser sustraído. También se elaborará un mapa que muestre las zonas donde se producen más robos destacando aquellas infraestructuras cuya sustracción pueda alterar gravemente la prestación de servicios esenciales para la sociedad.
También se realizarán controles periódicos sobre ciertos vehículos susceptibles de ser utilizados para robar y transportar el material de cobre. Además, se llevarán a cabo inspecciones de los centros de gestión de residuos y de los establecimientos de compraventa de metales.