Dos años y diez meses ha tardado el adjudicatario de un contrato municipal para lograr «concertar día y hora con los técnicos del Ayuntamiento de Toledo al objeto de replantear la ubicación exacta» para instalar un quiosco de bebidas en la esquina de las calles Reino Unido y Avenida de Irlanda. Sin embargo,  la impaciente Administración solo ha esperado nueve meses para amenazar con resolver el contrato ¡«por la demora del contratista» para cumplir los plazos!

Lo chocante del caso es que la empresa tuvo que sortear dos años de papeleos y trámites hasta que logró todos los permisos necesarios (para acometer obras de suministros y saneamiento y autorización para mover una farola), incluso pagó los 5.691 euros de la tasa que cobra el Ayuntamiento por abrir la zanja donde van enterradas esas infraestructuras.

Ahora, «no habiendo recibido ninguna comunicación» desde el 31 de enero de 2018, el Gobierno local expresa «la preocupación del Ayuntamiento de Toledo por el incumplimiento de obligaciones esenciales del contratista» y se pone en marcha para deshacer la concesión.

La medida viene respaldada por un informe de la jefatura del Servicio de Contratación según el cual la Junta de Gobierno, con arreglo a la ley, puede acordar la resolución «cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora» siempre que exista un «retraso injustificado» superior «a un tercio» de la duración total del contrato, «incluidas las posibles prórrogas».

Como en este caso eran ocho años, el hecho de que se diga  que ya se habría superado esa tercera parte  implica que el Ayuntamiento pone en marcha la cuenta atrás en marzo de 2015 (la anterior legislatura) cuando la Junta de  Gobierno  adjudicó el contrato ocupación de suelo público y firmó con el adjudicatario (Establecimientos Hosteleros de Toledo SL) el contrato por un periodo de seis años, con posibilidad de prórroga por dos años más (donde señala que van con cargo exclusivo del adjudicatario todos los gastos relativos a la instalación y explotación del quiosco).

Carrera de obstáculos. No se tiene en cuenta que es el 3 de febrero de 2016 cuando ese mismo Gobierno local aprueba la homologación del kiosco desmontable de bebidas. Ni que el 10 de julio de 2017 se concede licencia de obra menor a nombre de Establecimientos Hosteleros de Toledo SL («representado por D. Alfonso Silva García», a la sazón presidente de una asociación de hosteleros) para la apertura de una zanja de canalización de luz, agua y saneamiento (condicionada a pagar autoliquidación de 5.691 euros)

Tampoco que el 5 de diciembre de 2017 el representante de la empresa adjudicataria de las zanjas (Construcciones Antolín García Lozoya S.A) comunica al Ayuntamiento que dispone de la carta de pago de la tasa para poder comenzar a realizar la zanja pero que existe una farola «justo en el lugar donde se ubicaba el quiosco, según el proyecto presentado y la zanja coincide con la que Iberdrola nos marcó para hacer la acometida eléctrica».

Ni que es el 16 de enero de 2018 cuando el Servicio de Obras e Infraestructuras da con la solución y unos días más tarde, el 31 de enero de 2018, «el Negociado de Patrimonio e Inventario comunica vía correo electrónico los datos del contacto para concertar día y hora con los técnicos municipales al objeto de replantear la ubicación exacta para instalar el quiosco».

Pese a todos esos atenuantes y retrasos motivados en gran medida por la burocracia oficial, el Ayuntamiento de Toledo ha decidido resolver el contrato y echa la culpa al empresario privado.

Si el adjudicatario recurre esta decisión, el Ayuntamiento tendrá que dar traslado del expediente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a fin de que solicite el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha antes de cerrar la vía administrativa (y abrir la judicial si alguna de las dos partes lo desea).