La Agencia Tributaria (AEAT) ingresó durante el primer semestre del año unos 6.500 millones de euros por las acciones de lucha contra el fraude fiscal, lo que constituye «el mejor arranque de un ejercicio» de la Historia tras incrementarse la recaudación un 20% respecto del mismo período del año pasado.
En total, teniendo en cuenta los ejercicios 2012, 2013, 2014 y en el primer semestre de 2015 los ingresos por este concepto rondaron los 40.000 millones, lo que significa 5.000 millones más que en toda la segunda legislatura de Zapatero. Así, 2014 fue el año de «mayor facturación con 12.318 millones».
«El fraude fiscal nunca se puede tolerar, hay que pagar impuestos», sostuvo el ministro de Hacienda, quien destacó que «contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado no es solo un deber constitucional, sino que supone una obligación cívica que nos incumbe a todos» y, en esta línea, quiso dejar claro que se ha de ser aún más exigente en los momentos de dificultades económicas.
Según Montoro, este delito económico es una lacra social, que es más grave cuando más extendido está y cuanta más notoriedad tienen los defraudadores. Por ello, subrayó que «no entiendo a los que se presentan como víctimas cuando son objeto de una inspección de la Agencia Tributaria, como si la institución tuviera que tener cuidado para no molestar».
El titular de Hacienda avanzó que «la lucha contra los defraudadores debe ser una de las prioridades de cualquier Gobierno democrático, pues el dinero que se oculta resulta necesario para todas las políticas del Estado, pero sobre todo las sociales».
«Es un bien muy necesario y por eso hay que perseguir con contundencia el egoísmo fiscal que supone la ocultación económica», apuntó el ministro, para agregar que la idea es que «todos, sin excepción, declaremos lo que nos corresponde, para que todos paguemos menos».
Respecto a las normas que se debatían y que supondrán la publicación de los morosos con Hacienda y de los condenados por delito fiscal, el ministro explicó que «el objetivo no es un escarnio de los afectados, pero sí supone avanzar en la transparencia y que los ciudadanos conozcan el verdadero rostro de quienes no pagar en tiempo y forma sus impuestos».
BIENES EN EL EXTRANJERO. En esa línea, ayer se confirmó que más de 167.000 contribuyentes declararon bienes o derechos en el extranjero acogiéndose al modelo 720 que el Gobierno puso en marcha en el año 2012, por valor de unos 124.500 millones repartidos en cuentas, inmuebles y fondos y de los que una sexta parte están depositados en Suiza.