El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el liquidador de empresas Ángel de Cabo aceptaron ayer cumplir una pena de cinco años y medio y cinco años de prisión, respectivamente, por el vaciamiento del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.
En la primera sesión del juicio en contra de ambos y de otras nueve personas la Fiscalía, que pedía 15 años para el primero y 8 para el segundo, las defensas y la mayor parte de las 21 acusaciones particulares alcanzaron un acuerdo de conformidad por su colaboración.
El Ministerio Fiscal, que acusa a ambos de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, considera que los imputados admitieron su participación en los hechos y cooperación «en la reintegración en la masa concursal, de activos cuya existencia se desconocía» y que se cuantifican en unos 20 millones de euros.
En concreto, la justicia tuvo en cuenta la colaboración de Díaz Ferrán para la recuperación de activos a través del organismo internacional de mediación y arbitraje, denominado CIADI, ubicado en Washington, y que debe decidir si el Gobierno argentino abona al empresario una indemnización de más de 1.000 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El dinero recuperado se destinaría al pago de los acreedores.
También De Cabo y su número dos, Iván Losada, han colaborado. El liquidador señaló propiedades hasta el momento no detectadas en la investigación judicial, mientras que Losada ayudó a que afloraran dos millones que estaban en cuentas de Luxemburgo.
Los otros siete acusados no ingresarán en prisión dado que las penas pactadas no alcanzan los dos años. La esposa de De Cabo, Consuelo Garrido, acepta un año, el hermano de ésta, Teodoro Garrido, y la secretaria de De Cabo, Susana Mora, quedan condenados a un año y medio, el financiero Carmelo José Estelles, ha asumido dos años, el empresario del transporte Antonio García Escribano, un año y medio, el testaferro José Enrique Pardo dos años y el fiscalista Rafael Tormo año y medio. El acuerdo incluye también la imposición de multas que ascienden a 1,2 millones en el caso de Díaz Ferrán y De Cabo.
EL JUICIO SIGUE. A pesar de que Díaz Ferrán reconoció los hechos y se declaró culpable, el juicio continúa para cinco de las empresas del Grupo Marsans declaradas responsables civiles subsidiarias que no están conformes con abonar las cantidades que se les reclaman.
El empresario es el único de los detenidos en la conocida como operación Crucero que sigue en prisión, tras su ingresó en diciembre de 2012, por lo que lleva en la cárcel más de dos años y medio.