Isla Cristina (Huelva),  Laviana(Oviedo), Almussafes (Valencia) y  Canfranc (Huesca)son algunas de los pocos municipios españoles que han dedicido, o en breve van a a decidir, en sus plenos plantear un conflicto al Tribunal Constitucional  en defensa de la autonomía local y contra la Ley de reforma local.

En Toledo, el Ayuntamiento de Villacañas ha sido el primero en acordar esta medida y ayer aprobaba en Pleno recurrir la reforma al TC «con el objetivo de que el alto tribunal paralice la reforma de los ayuntamientos promovida por el Gobierno de Rajoy, en contra de todos los demás grupos parlamentarios», indican en nota de prensa.

Según explicó el alcalde durante la sesión plenaria, esta nueva ley atenta contra la autonomía local en tres ámbitos. El primero, «el recorte de las competencias y servicios» que prestan, sobre todo los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes. El segundo, el establecimiento de tutelas por parte de la Diputación Provincial o el Ministerio de Hacienda, «que limitará el derecho de los vecinos y sus representantes en el Ayuntamiento a decidir cómo se gestionan los servicios y qué recursos se emplean para financiar los déficits» que se dan en servicios concretos como guarderías o escuelas deportivas.

Por último, indicó Santiago García Aranda, el ámbito democrático, ya que la nueva ley permite que asuntos tan importantes como la aprobación de los presupuestos municipales, en el caso de que en el Pleno no haya mayoría para su aprobación, puedan ser aprobados por la Junta de Gobierno sin los votos ni la opinión de la oposición.

El grupo socialista e IU apoyaron la propuesta, mientras que el PP  votó en contra. Para su portavoz, Mª Victoria Amador, esta ley «apela al principio de lealtad institucional, contempla el impacto financiero y garantiza la cooperación económica y las competencias delegadas». Amador, que acusó de «confundir y alarmar a la sociedad» a quienes presentan el conflicto, asegura que la Ley dibuja un «modelo territorial que actúa como palanca de apoyo del municipalismo para garantizar la prestación de los servicios».

Por su parte, la portavoz socialista, Ana Mendoza, incidió en las consecuencias para algunos servicios que se prestan en Villacañas, como los servicios sociales o la ayuda a domicilio, hasta la guardería. Además, lamentó que la ley «se ceba» sobre todo con los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que podrán perder servicios que pasarían a manos de la Diputación, «creando un foco de negocio mediante privatizaciones».  También lamentó que la nueva ley deposite en el presidente de la Diputación la decisión final sobre la prestación de esos servicios, «un representante político que además no es un cargo de elección directa».  

El debate lo cerró el alcalde recordando que todos los grupos parlamentarios, miles de ayuntamientos, los mayores expertos en constitucionalismo, incluso el Consejo de Estado, «han dicho que esto es un atropello», y preguntó al PP por qué todas esas competencias de las que van a despojar a los ayuntamientos se deja para el 31 de diciembre de 2015, después de las municipales y autonómicas de mayo de 2015 y las generales de noviembre. «¿Si es tan buena por qué no lo hacen ya?», concluyó.