El Pleno del Ayuntamiento de Toledo aprobó ayer de forma inicial las Ordenanzas Fiscales para 2019 (impuestos, tasas y precios públicos) que ahora entran en periodo de información pública para que los ciudadanos que lo deseen presenten alegaciones. En el debate se enfrentaron dos posturas irreconciliables: por un lado, la oposición en bloque opina que hay margen para bajar la presión fiscal si el equipo de Gobierno gestiona mejor y no malgasta el dinero que sobra cada año; por otro, el bipartito gobernante advierte de que aplicar las rebajas que piden PP y Ciudadanos pondría «en riesgo» las cuentas municipales.
Qué «rigor técnico» tiene una oposición que pide que se baje el precio del agua «cuando el Ayuntamiento tiene un posible desfase de 21 millones de euros», pregunta José Pablo Sabrido, portavoz del PSOE. «¡Olé, olé el rigor técnico de los miembros del Grupo Popular!», exclama.
Su socio Javier Mateo, portavoz de Ganemos, respalda esa tesis cuando recuerda que la culpa de tener que subir el precio del agua («38 céntimos cada dos meses», asegura) es por una parte del PP, que en 2006 firmó un contrato basado en datos erróneos y, en segundo lugar, de «la herencia» dejada por el anterior alcalde, Emiliano García-Page, del PSOE, que acordó un mecanismo de reequilibrio económico de la concesión que obliga ahora a dar este paso.
Sin embargo la oposición pasó de puntillas por el asunto del agua y centró sus críticas en el IBI, el ICIO, el IAE o el impuesto de vehículos recordando que el Ayuntamiento recauda mucho más de lo que presupuesta y acaba cada año con muchos millones de superávit. Por lo tanto, si sobra el dinero que nadie les niegue que cabe la posibilidad de bajar los impuestos. Es una cuestión de voluntad política y de buena gestión(por ejemplo hacer la cosas bien para no haya que arreglar la misma calle dos veces en cinco años) que, además, repercute en la ciudad porque tanto las empresas como los particulares se van a otras localidades cercanas donde reciben mejor trato fiscal, avisa Esteban Paños, portavoz de Ciudadanos.
La cuestión es que Sabrido anima a los vecinos de Toledo comparar sus recibos del IBI para que vean que «se ha bajado» el impuesto. Pero Jesús Labrador, portavoz del PP, echa números y no les salen las cuentas: dice que la recaudación por IBI en 2016 fue de 25,8 millones (datos oficiales de la liquidación), es decir, 307 euros por habitante, mientras que en 2017 ascendió a 27,9 millones (332 euros por habitante). De lo que resulta que el ingreso por IBI ha subido, y mucho, sin que se haya experimentado un aumento de población por lo que deduce que Toledo sigue estando entre las ciudades de España más caras en impuestos locales, como reflejan varias fuentes especializadas.
Sabrido, como Mateo, lo único que responde es que bajar impuestos significa reducir ingresos y eso obligaría a recortar gastos o, lo que para él es lo mismo, provocar una pérdida de calidad y cantidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento, aparte de perder el superávit que luego se emplea en inversiones. Dicho de otra manera, no se puede pedir que los toledanos paguen menos y luego exigir que el Ayuntamiento mejore los autobuses, la basura o la atención social.