La Comisión de Urbanismo dio ayer el visto bueno al reinicio de los trabajos para redactar un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo en el plazo de dos años. Durante la reunión de los concejales se escuchó mucha información técnico-burocrática aliñada con unas pocas gotas de dudas jurídico-políticas que expuso el portavoz del PP, Jesús Labrador. Suficientes para que, por unanimidad, se pida a la Secretaría General un informe sobre la situación actual del planeamiento que aclare a todos si está en vigor el de 2007 (anulado por sentencias firmes pero aún vivo con respiración asistida en el Tribunal Constitucional) o el más que caduco de 1986.
La incertidumbre llega al extremo de dejar sin dictaminar de forma definitiva (por la reserva de voto del PP) una solicitud de declaración de especial interés para varios edificios del Casco Histórico porque la normativa «cuelga del POM» y si el Constitucional ratifica la nulidad temen que todo lo que se haya aprobado no sirva de nada. Sobre este caso concreto el jefe de Urbanismo y arquitecto municipal, Ignacio Álvarez Ahedo, tranquiliza a los políticos porque la norma de referencia es el Plan Especial del Casco Histórico que recuperaría su autonomía legal si el POM se va a la papelera.
Ahedo fue el ponente de todos los trámites que van a tenerse que superar para que dentro de un año -así se lo ha pedido el equipo de Gobierno- esté listo el avance del POM incluyendo el documento de concertación que informará a 56 organismo, asociaciones e instituciones sobre el modelo de ciudad que Toledo se propone llevar a cabo para que aleguen lo que consideren conveniente.
Después se dan otro año de plazo para completar la redacción del nuevo POM y, a partir de ese instante, dar la máxima participación y sacarlo a información pública para su aprobación (sin plazo).
Octubre. El arquitecto calcula que los concejales podrán empezar a aportar sus propuestas para octubre de este año, cuando se haya cerrado el documento de las afecciones que son un «problema» para él y un «valor añadido» para el concejal de Ganemos Javier Mateo.
En este listado deben figurar todos los elementos que limitan de alguna manera el urbanismo. La declaración de Patrimonio de la Humanidad, el centenar de edificios BIC, los seiscientos monumentos, el Tajo (inundabilidad, policía, dominio público), las dehesas y parques periurbanos, las infraestructuras (tren, carreteras) o los derechos mineros.
De todo lo oído ayer destaca, que la Confederación Hidrográfica del Tajo puede tardar «dos o tres años» en contestar al requerimiento de concertación, que Iberdrola pasa de enviar los datos sobre sus redes porque participa en una página web que cobra 100 euros por cada plano (cartografiar toda la ciudad costaría 200.000 euros), que se va a pedir a la Junta de Comunidades que reduzca el número de planos detallados que exige porque la mayoría no valen para nada (serían 800 cuando el actual POM tiene 176) y cuestan tiempo y dinero, que en los planos actuales hay notables errores de medición porque la tierra (planeta) es curva y no plana y que los técnicos «barajan la idea» de sacar del POM las ordenanzas para que sea más sencillo tramitar modificaciones.
Publicación. No hubo debate sobre el problema jurídico del POM. Labrador expuso sus dudas sobre la vigencia del planeamiento de 2007 y José Pablo Sabrido, concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno municipal, replica que como no se ha producido la publicación del auto del Constitucional, a día de hoy, no ha variado nada. En consecuencia el concejal de Urbanismo apunta que la visión del equipo de Gobierno es diametralmente opuesta a la del PP, aunque accede a pedir el análisis legal del secretario.
Por otro lado la Comisión aprobó sacar a información pública un proyecto para instalar un ascensor sobre suelo público en un edificio de Palomarejos pero el PP advierte que el día que haya que aprobar definitivamente el expediente no podrá pronunciarse hasta saber si el POM existe. En resumen, sospechan que cabe el riesgo de que la ciudad quede paralizada.