La solución definitiva para que los promotores del proyecto de construcción de vivienda en el Cristo de la Vega -aprobado por el Ayuntamiento en 2005 y posteriormente prohibido por la Consejería de Cultura en 2008- recuperen su inversión está contenida en un convenio de permuta de terreno pactada con la mediación del alcalde en mayo de 2011 entre la Junta de Comunidades y la empresa.

La operación requiere una «innovación» del Plan de Ordenación Municipal para que el suelo del Polígono, propiedad regional, que se va a entregar como moneda de cambio reciba la transferencia del aprovechamiento (capacidad para 98 pisos) al que tenía derecho el solar propiedad de la mercantil.

Fuentes municipales indican que el concejal de Urbanismo tiene intención de someter el convenio a votación en el Pleno que el Ayuntamiento de Toledo celebrará a final de mes y puntualizan que todo su contenido quedará a expensas del resultado del trámite de información pública que deba superar la modificación del planeamiento urbanístico.

El documento, firmado el pasado 16 de mayo por el alcalde Emiliano García Page, el entonces consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, y el empresario Manuel Feito en nombre de ‘Avenida de Castilla-La Mancha 3 SL’, va con algo de retraso ya que establecía un plazo «máximo» de seis meses para que los servicios técnicos municipales redactasen la «innovación del POM vigente en el ámbito del sector PP19».

Este terreno llamado Ramabujas, situado en la franja sur-este del Polígono, tiene capacidad para 2.861 viviendas, 78.626 metros cuadrados de terciario y una reserva de 25.000 metros para un geriátrico.

Aunque el rescate de los derechos urbanísticos se hace a través de Ramabujas la Junta tiene potestad para entregar a ‘Avenida CLM’ cualquier «parcela o parcelas de uso residencial» de Santa María de Benquerencia en general, con el recordatorio de que allí sólo se puede promover vivienda sujeta a algún tipo de protección pública.

Para ajustar la valoración de los bienes que deben ser objeto de intercambio la finca del Cristo de la Vega tiene como carga el coste de la urbanización que necesitaba el proyecto original y como costes que deben ser compensados los generados por gastos financieros, arqueológicos, producción de documentos urbanísticos y gestión de la promoción.

En caso de que al final las cuentas no cuadren al céntimo la diferencia de precio tendrá que satisfacerse en metálico. Por su parte el Ayuntamiento queda satisfecho con los 732.799 euros que cobró hace años por la monetarización de las cesiones obligatorias.

Por su lado, la Junta inscribirá la finca del Cristo de la Vega como bien patrimonial adscrito a la Consejería de Cultura como parte del conjunto arqueológico de la Vega Baja, auténtico origen del problema con el que chocó el desarrollo urbano de este terreno.

De salir adelante, el acuerdo evitaría pleitos de dudoso final para el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades ya que como indica el propio convenio los promotores del Cristo de la Vega habían pasado todos los tramites legales para construir (aprobación del PAU por el Pleno, firma de convenio urbanístico, presentación de proyectos de urbanización y de reparcelación) a lo que hay que añadir una importante suma de dinero desembolsado por la compra del terreno cuando su calificación era de urbanizable en el anterior plan general. Por lo tanto de lo que se trata es de evitar el riesgo de una sentencia que obligue a una indemnización importante.