Los antiguos terrenos de Renfe, en Santa Bárbara, van a continuar habitados por maleza otra temporada porque su desarrollo urbano vuelve a estar lastrado por defectos en la tramitación. La Empresa Municipal de la Vivienda y el Ayuntamiento de Toledo se acaban de dar cuenta de que en mayo de 2012 cometieron «un error» cuando se traspasaron la propiedad de una pequeña porción del terreno. No pasa nada. También dicen que han encontrado una fórmula para subsanar el problema sin menoscabo para ninguna de las dos partes. Esa es la teoría, aunque también lo fue hace dos años.

La ordenación fue aprobada en el año 2002 sobre un solar de 40.149 metros cuadrados dividido en dos áreas de reparto. La UA1 (unidad de actuación) con 25.378 metros más otros 4.748 de sistemas generales (calles) y la UA2 de 8.368 metros más otros 1.653 de sistemas generales.

En marzo de 2006 el Ayuntamiento aprueba el proyecto de reparcelación de la UA1 pero no la presenta hasta abril de 2011 y encima «mereció una calificación negativa del Registro de la Propiedad» debido a que faltaba documentación y había «defectos» en la que presentó.

En noviembre de ese año la Junta de Gobierno aprobó la rectificación que «subsana aquellos defectos». El proyecto otorga al Ayuntamiento el suelo para servicios públicos (dotaciones, zonas verdes y viario), una parcela de uso residencial (R-2) y una participación del 5,424% en la parcela R-1 (también residencial) «equivalente a 557,85 unidades de aprovechamiento».

A todo esto la EMV, que ha participado en la operación desde el inicio, recibía un 3,375% de la R-1 equivalente a 347,11 unidades de aprovechamiento mientras que el restante 91,201% es adjudicado a Adif (heredera del patrimonio de Renfe).

En mayo de 2012 el consejo de administración de la EMV autoriza la cesión de ese terreno a favor del Ayuntamiento «que la acepta gratuitamente» mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, de forma que acapara el 8,799%.

«Se produjo entonces un error que es obligatorio subsanar» que «consistió en que la aceptación fue gratuita» cuando el acuerdo de la EMV «no hacía alusión alguna a la gratuidad de la cesión», dice el acta de la Junta de Gobierno.

Así que «para evitar» otra vez «la imposibilidad de registrar a nombre del Ayuntamiento esta cesión» las unidades de aprovechamiento de la EMV van a ser «compensadas» con otra cantidad similar en la UA2 «cuando la misma se desarrolle».

Se entiende que el intercambio es justo porque la UA1 y la UA2 «son colindantes y tienen el mismo uso» de manera que «la valoración de cada unidad de aprovechamiento es idéntica» y «no existe diferencia entre lo que se recibe y lo que se permuta».

Al Ayuntamiento también le interesa completar la operación porque «la permuta es necesaria para llevar a efecto el convenio» firmado con Renfe en 2002 «y deshacer un proindiviso que podría generar problemas en el desarrollo de la parcela R-1 de la UA1». Los servicios jurídicos municipales dicen que el intercambio se ajusta a la ley y la Junta de Gobierno aprueba la rectificación.

El convenio.  Se entiende que el resto de lo aprobado hace dos años sigue vigente y, por lo tanto, el Ayuntamiento tiene que recibir  de Adif 207.299 euros «en concepto de costes de expropiaciones a terceros». La operación ascendió a 534.789 euros pero hay que restar 327.490 euros de los costes de urbanización ejecutados por el gestor ferroviario en el aparcamiento de la estación.

Se mantiene «el compromiso de sufragar el 50% de los costes debidamente justificados que surjan posteriormente como consecuencia de los compromisos adquiridos en las actas de ocupación y pago derivados del procedimiento expropiatorio».

Finalmente se advierte que «existe un error en la especificación del tipo de vivienda a valorar que no deben ser de precio tasado sino de protección pública para venta en la modalidad de viviendas de protección oficial de régimen general, cuyo coeficiente de repercusión del suelo sí es del 20%».