El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata anunció ayer su intención de sentar en el banquillo de los acusados a seis personas, entre ellas los extesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, en el marco de la causa en la que investiga la presunta caja b de la formación, al tiempo que sostuvo que la organización debe ser juzgada como responsable civil subsidiaria de los presuntos delitos que estos habrían cometido.
Así lo hizo constar en el auto de apertura de juicio oral del procedimiento, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció que el partido presidido por Mariano Rajoy tendrá que afrontar, en el plazo de 10 días, una fianza civil de 1,2 millones de euros si no quiere sufrir el embargo de sus bienes.
En concreto, el magistrado reclama algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó la sede central de los populares en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que la formación azul habría dejado de ingresar ante Hacienda en concepto de Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.
Además de Bárcenas y Lapuerta, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la juez Concepción Espejel, juzgará al exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García y una de sus empleadas, Laura Montero.
A los tres exdirigentes populares se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública. Estos dos últimos son los que se imputan a los tres trabajadores del estudio de arquitectura. De esta forma, De la Mata da 20 días a los acusados para que presenten sus escritos de defensa y 10 para que depositen las cauciones impuestas, que alcanzan un total de 43,5 millones de euros. El magistrado también les advierte de que, si no lo hacen en el plazo establecido, realizará un embargo.
Las fianzas más altas, de 8,9 millones de euros, tendrán que ser prestadas por Bárcenas y Lapuerta. A continuación se sitúan Páez, que tendrá que afrontar una caución de 7,4 millones de euros; y Urquijo, García y Montero, que tendrán que depositar, respectivamente, un total de 6,1 millones de euros.
Junto al PP, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a Unifica la condición de responsable civil subsidiario en el procedimiento, al tiempo que le impone una fianza civil de 4,5 millones de euros.
OBRASEN GÉNOVA. En relación con el 1.024.987 euros que la empresa Unifica cobró, supuestamente, en negro por las obras de la sede popular, el juez sigue el criterio de la Abogacía del Estado y señala que «la responsabilidad civil por un delito contra la Hacienda Pública es también predicable de quien no tiene implicación en el pago del tributo».
Argumenta para ello que debe responder el partido como persona jurídica, como consecuencia de la «relación de dependencia» que Bárcenas, Lapuerta y Páez tenían con la organización.