¿Qué función tienen los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local?

Somos funcionarios con habilitación de carácter estatal y nos encargamos de dar fe publica, del asesoramiento legal  y preceptivo, el control y fiscalización de la actuación municipal, así como de la custodia de fondos y la recaudación de tributos e ingresos de derecho público.

Sin embargo, nuestras funciones también se extienden a otros  cometidos que no aparecen en la legislación, pero el día a día nos exige colaborar en la gestión municipal.

¿Cuántos miembros tiene el Colegio Oficial en la provincia de Toledo?

En la actualidad contamos con un centenar de colegiados de un total de 204. Hay que tener en cuenta que en estos momentos muchos ayuntamientos tienen escasos recursos para mantener a un habilitado estatal.

Además, la falta de convocatoria de las oposiciones de acceso hace que los puestos bien estén vacantes o bien estén cubiertos por interinos que, en principio, no pueden formar parte del Colegio de Secretarios, Interventores, Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital).

¿Cuáles son los principales retos y reivindicaciones como profesionales en estos momentos?

Lo principal es reforzar nuestra posición en los ayuntamientos. Es decir, que los políticos entiendan el trabajo que desempeñamos y se percaten de que no estamos para poner trabas sino para intentar que las entidades locales presten a los ciudadanos servicios de mejor calidad, siempre dentro de la legalidad vigente y atendiendo a las posibilidades reales y económicas que tiene cada corporación.

También consideramos importante que todas las entidades locales estén ocupadas por un funcionario de habilitación estatal, tal y como exige la ley,  y que aquellos ayuntamientos que no tienen medios económicos para sostenerlos, cuenten con fórmulas necesarias para hacerlo realidad.

¿Qué asuntos trataron en la reunión de hace unos días con el delegado del Gobierno, Jesús Labrador?

Fue una reunión cordial donde expresamos a grandes rasgos las principales inquietudes y problemas que atañen a nuestra profesión y nos interesamos por la propuesta de modificación de la Ley de Régimen Local, en lo que afecta a los habilitados estatales.

La actitud del delegado fue, en todo momento, de apoyo a la independencia de los habilitados estatales por encima de cuestiones políticas.

¿Agradecen este tipo de encuentros; son necesarios?

Son muy necesarios para que los responsables políticos conozcan la problemática de la profesión que representamos y, en definitiva, la de los ayuntamientos en la que nos encontramos y se busquen cauces para poder solucionarlos.

¿Qué papel han ocupado en los planes de ajuste de los ayuntamientos?

Fue una medida que supuso que los ayuntamientos tuviesen que hacer en menos de 15 días un estudio de los costes de sus servicio , de los ingresos que tenían y de la situación financiera de la corporación además de elaborar una serie de propuestas para intentar dar solución a toda esta problemática.

Evidentemente, el estudio económico y el análisis del impacto de las medidas propuestas por nuestros dirigentes políticos lo han tenido que hacer los secretarios e interventores deprisa y corriendo.

Actualmente, el Ministerio está exigiendo nuestro informe de evaluación del cumplimiento del plan de ajuste para comprobar en qué grado se han ejecutado las medidas propuestas por los gobiernos municipales.

Todo ello con el objetivo de controlar la situación económica y financiera de los ayuntamientos, hasta tal punto que la legislación hace responsable a los interventores y secretarios interventores del seguimiento y la ejecución de los planes y del resto de información económica y financiera.

El ministro Cristóbal Montoro informó en julio que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de la Administración General del Estado. ¿Qué le parece la medida?

Una de nuestras mayores reivindicaciones ha sido siempre depender de la Administración General del Estado con el fin de reforzar nuestra independencia en el desempeño de nuestras funciones. Por eso, nos parecería correcto que, si se llega a plasmar legalmente, sea el Estado el que vuelva a asumir competencias que en su día se delegaron a las comunidades autónomas.

El objetivo era el incremento de la independencia, la profesionalidad y la objetividad, ¿Qué cambios se aplicarán?

Todavía se desconoce el texto definitivo de la reforma local en la que nos veremos afectados, ya que se están celebrando continuas reuniones entre los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno. En cualquier caso, parece que volveremos a depender del Ministerio de Hacienda, que las convocatorias de nuevas plazas volverá a depender del Gobierno central, que los expedientes disciplinarios volverán a depender del Ministerio. Escucharían así muchas de nuestras viejas demandas.

Se prevé también que se fijen los salarios de nuestro colectivo desde el Ministerio con la intención de dotar de más imparcialidad nuestro trabajo y que nuestro salario no dependa de la voluntad del responsable político de cada momento.

La medida retributiva está levantando ampollas en nuestro colectivo ya que no se propone únicamente fijar un importe mínimo a percibir por los miembros de nuestra profesión, sino que parece que se quiere poner un tope máximo.

El Colegio está en desacuerdo con la fijación de un tope máximo si eso supone que otros trabajadores de los ayuntamientos,  con menos responsabilidades,  puedan percibir unas retribuciones superiores a las nuestras.

¿Existe independencia real de los secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamientos de la provincia actualmente?

Los habilitados estatales han ejercido siempre sus funciones con independencia, costándole en numerosas ocasiones sanciones por responsables políticos que no quieren ser fiscalizados ni que se le diga lo que puede o no puede hacer legalmente. Prueba de ello es que desgraciadamente conocemos de la existencia de algunos compañeros que tienen situaciones laborales complicadas.

¿Se evitaría con la nueva medida?

Hay que esperar a ver lo que resulta del texto definitivo que salga de las Cortes pero en principio estamos muy esperanzados e ilusionados en que se refuerce nuestra posición y que eso nos permita desarrollar nuestra labor con mayor independencia.

¿La cercanía con los alcaldes puede provocar conflictos en este sentido?

Los secretarios, interventores y tesoreros siempre hemos tenido, por la propia esencia de nuestro trabajo, cercanía con los alcaldes y concejales y con los ciudadanos, pero eso no implica que perdamos independencia.

No podemos olvidar que estamos hablando de grandes profesionales que hemos superado un duro proceso selectivo al igual que otros funcionarios de carrera como jueces, fiscales, etc...

¿Qué le parecen las denuncias a nivel nacional relativas a las presiones políticas que sufren?

Sí, son reales. En nuestro Colegio estamos recibiendo quejas de algunos colegiados que nos informan de actitudes de algunos alcaldes que ejercen presiones inapropiadas sobre nuestro colectivo. Es cierto que hay presiones sobre nosotros.

En algunos casos se intenta que el habilitado abandone el Ayuntamiento, ya que los alcaldes no aceptan las opiniones jurídicas que emitimos o la fiscalización de la gestión económico-financiera. En otros casos se presiona para que esas opiniones jurídicas se emitan en un determinado sentido.

¿Ocurre que los ‘controlados’ es decir, los ayuntamientos, se encargan de supervisar al ‘controlador’ es decir, a ustedes?

Sí, ese es el gran problema para conseguir nuestra independencia real. Por eso estamos esperanzados con las medidas que quiere poner en marcha el Gobierno para intentar ser un poco más independientes de lo que ya somos, y poder ejercer nuestra labor con objetividad e imparcialidad.

¿Qué le parece las denuncias de los interinos relativas a la regulación sancionadora?

Respecto a los interinos solo sabemos que  han impugnado la constitución de la actual bolsa que la Junta de Comunidades aprobó hace unos meses, al modificar el régimen de funcionamiento de la misma, dejando fuera a los interinos pertenecientes a las bolsas anteriores.

La problemática de las interinidades se resolvería convocando todas las plazas que se encuentran vacantes.

El año pasado celebraron los 200 años del nacimiento de la figura del secretario municipal, ¿el objetivo de la profesión ha cambiado?

El secretario municipal desarrolla sus funciones en la Administración Pública más cercana al ciudadano que es la Administración Local. El pilar fundamental de su actuación es el servicio a la ciudadanía, porque defendiendo la legalidad, se defiende al ciudadano, porque controlando y fiscalizando que el gasto público se destine a las finalidades legalmente previstas, se defiende al ciudadano y porque teniendo a unos profesionales que velen por el trato igualitario con independencia de la situación personal de cada uno, se defiende al ciudadano.