A concurso la futura escuela infantil de Camuñas

Redacción
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Lamenta la alcaldesa que la entrada en vigor en marzo de la Ley de Contratos del Estado haya retrasado la puesta en marcha de este servicio demandado por los vecinos de la localidad

El Ayuntamiento de Camuñas ofrecerá en los próximos meses, confían en que así sea, un nuevo servicio para facilitar a los padres y madres de la localidad que puedan conciliar su vida familiar y laboral.  Así, están en marcha los trámites para crear la que será primera Escuela de Eduación Infantil de la localidad cuyo nacimiento ha surgido de la necesidad manifiesta de las familias camuñeras.

Yes que, explica la alcaldesa, María del Carmen Cano, se vieron en la necesidad de poner en marcha este recurso ante la circunstancia de que muchos padres dejaban  a sus hijos en la ludoteca que gestionaba una asociación en un local municipal cedido. Una situación irregular que detectaron desde el Consistorio, ya que los pequeños de 0 a 3 no pueden ser atendidos en recursos de estas características, por lo que se pusieron manos a la obra para llevar a cabo obras de adecuación del local para convertirlo y ajustarlo a la normativa de escuelas infantiles, actuaciones que concluyeron a finales de noviembre del pasado año.

Sin embargo, la burocracia ha vuelto a frenar la puesta en marcha de un servicio, porque aunque en febrero contaban con todos los parabienes de la Junta de Comunidades no sería hasta marzo cuando recibían toda la documentación para ello, mes en el que entró en funcionamiento la Ley de Contratos del Estado que obligan a sacar a concurso la gestión de este recurso. Así las cosas, y siguiendo esta normativa han tenido que elaborar un plan de viabilidad económico-financiero que está en periodo de información pública hasta el 18 de octubre, tras cuya aprobación, si no se producen alegaciones, se tendrá que llevar a cabo un proceso de licitación del servicio.

 De momento, y según el estudio de viabilidad, la Escuela Infantil de Camuñas ofrecería 20 plazas para niños de 1 a 3 años (aunque las escuelas infantiles acogen menores de 0 a 3 el Ayuntamiento ha optado por esta franja de edad) y con posibilidad de que fuera del horario reglado del centro se realizaran actividades extraescolares buscando la conciliación familiar y laboral.

En el estudio, que advierte a los posibles contratistas de que no es necesaria ninguna inversión más allá de la reposición de los elementos según su periodo normal de amortización, «por lo que los costes iniciales están descontados», indica en su análisis de costes que  la matrícula mensual media puede situarse en unos 113 euros por alumno, cifrando en 25 euros el acumento de la cuota por 1 hora al día de actividad extraescolar.

Según el estudio de viabilidad, en su previsión a cinco años, cifra en unos 2.800 euros el resultado bruto anual de la gestión de este recurso en el que los gastos de personal serían el bloque principal suponiendo el 75% de los cerca de 25.000 euros que se calcula costaría cada año tener en servicio este recurso.

Hay que tener en cuenta que se trata de un solo aula para atende a un máximo de 20 alumnos por lo que se fija únicamente la contratación de una persona que haría las veces de educador y director a tiempo total mientras la limpieza correría a cargo de una empresa externa a tiempo parcial.

La alcaldesa de Camuñas espera poder ofrecer este servicio en los próximos meses y lamenta que la burocracia haya ralentizado su puesta en marcha. Y es que María del Carmen Cano critica duramente la Ley de Contratos del Estado que entró en vigor en marzo porque «es una de las leyes que se sacó el señor Montoro para amargarnos la existencia  a los ayuntamientos pequeños». «Los ayuntamientos pequeños» -reprocha al que fuera promotor de la Ley- «no vamos trampeando ni robando dinero público, gestionamos casi como una economía familiar, de no gastar el dinero que no tienes, y la ley solo se aplica a los ayuntamientos no al Estado ni a las Comunidades Autónomas», señalaba ofuscada la alcaldesa de Camuñas.

Cano se lamenta de que los pequeños consistorios estén «atados de pies y manos» y que con este tipo de normativas «quieran cargarse a los ayuntamientos, cada día lo tengo más claro, y eso me envenena». Matiza la alcaldesa que ahora no pueden, por ejemplo, beneficiar a empresas de su municipio en obras locales porque una vez que ya hayan accedido a un contrato de hasta 40.000 euros por ejemplo, ya no se les puede adjudicar otro contrato de obra menor.