El concejal expulsado hace unos meses del equipo de Gobierno de Illescas, perteneciente a la agrupación Illescas Sí Puede (ISP), Diego Gallardo, ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil contra su antiguo socio de Partido, Julián Saudí, edil en el que sí sigue manteniendo su confianza el PSOE, a quien apoya en el Gobierno municipal. Le acusa de sendos delitos de prevaricación y usurpación de un local municipal inmueble.

Según explicó el edil, que mantiene su acta en el Consistorio, en un comunicado, el  pasado día 20 al mediodía acudió al despacho de Illescas Sí Puede, ubicado en el antiguo Ayuntamiento, comprobando que le habían cambiado la cerradura sin que él tuviera constancia de tal hecho.

Ante esta circunstancia, apunta que se puso en contacto con Saudí para conocer acerca de este cambio y preguntar si había sido él el promotor del mismo, a lo cual le respondió que sí. Según indica, le confirmó ser el autor del cambio justificando esta decisión en que «el local pertenece a su uso y disfrute al cargo que él ostenta» y «auto adjudicándose la titularidad del uso de dicho local». Tras esto, procedió a interponer la denuncia.

«Campaña de acoso y derribo». Para Gallardo, su destitución de las áreas que venía gestionando desde el comienzo de la legislatura tras una serie de desavenencias con los responsables del equipo de Gobierno -la disputa tuvo su origen en su negativa a apoyar al PSOE en cuanto a las retribuciones de los concejales- , marcó el inicio de una campaña de «acoso y derribo contra» su persona, como concejal.

En este sentido, como edil que sigue siendo, Gallardo asegura tener derecho de uso de las dependencias municipales para desarrollar su trabajo como representante de los vecinos que le confiaron su voto en las pasadas elecciones. Unas dependencias municipales en las que también tienen su sede otros grupos como Ciudadanos. A este respecto, cabe precisar que la cerradura que se ha cambiado no es la de la puerta de acceso sino la del despacho de Illescas Sí Puede .

Para el edil, los responsables «tendrán que dar cuenta en los juzgados y responder así de la campaña de acoso y derribo» por parte del equipo de Gobierno, que «le impide hasta su participación en las sesiones plenarias», no dándole el uso de la palabra, según dice el concejal.

Gallardo espera que «sea la ley la que haga cumplir la democracia» ante la imposibilidad de su participación de la vida municipal con hechos como la «negativa» al uso de las instalaciones para el desempeño de su trabajo como concejal.

Es por esto que para el edil, «la negativa a que pueda acceder a las dependencias municipales, es un hecho constitutivo de los delitos de usurpación y prevaricación administrativa».