El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Toledo ha citado para declarar en calidad de imputado al interventor de la Diputación Provincial de Toledo, Eduardo Martín Alonso, dentro de la investigación por las compras irregulares de material eléctrico y de limpieza efectuadas por la Institución Provincial en la pasada legislatura. Esta declaración deberá efectuarse el próximo 12 de febrero, según recoge la providencia dictada por la magistrada Inmaculada Ortega a la que ha tenido acceso este diario.
La jueza toma esta decisión en su pesquisa de lo que aún califica de «delito sin especificar» partiendo de las declaraciones que efectuaron el pasado mes de diciembre otras dos personas ya imputadas en la causa. Son los exdiputados provinciales por el PSOE José Gutiiérrez, actual portavoz municipal socialista en Talavera de la Reina, e Isidora Fernández Cantarero. La magistrada subraya que de la declaración de los dos políticos «se desprende que el control, fiscalización y autorización final del gasto, así como la determinación de la forma legal en la que debían formalizarse los contratos, correspondía al interventor». Para aclarar esta cuestión, se le cita a «prestar declaración en calidad de imputado», con la correspondiente asistencia de ub abogado, «a fin de garantizar las garantías inherentes a su condición».
300.000 euros en material.
Hay que recordar que en este caso se ventilan posibles responsabilidades penales en la compra de grandes cantidades material de limpieza y eléctrico sobre todo en la pasada legislatura efectuadas en la Diputación Provincial. En estas compras se desembolsaron más de 300.000 euros, según evaluó el actual equipo de Gobierno del Partido Popular cuando denunció estos hechos a la Justicía al considerarse las compras no sólo como excesivas sino que habían sido efectuadas a precios por encima de los de mercado.
El Partido Popular ha denunciado la responsabilidad en lo sucedido del antiguo Gobierno provincial del PSOE. Por ahora, esto se ha sustanciado en la imputación de los exdiputados de Régimen Interior, Isidora Fernández, y de Hacienda, José Gutiérrez. Este último ha negado estar implicado en cualquier conducta delictiva por este asunto, calificando los hechos como una «denuncia falsa» del PP.
Sin embargo, la única persona que ha reconocido una autoría en estas compras, según se reflejó en un expediente interno hecho por el actual Gobierno provincial antes de llevar el asunto a la Fiscalía, es un funcionario. Éste es el ordenanza Dimas Sanguino, que según aquel expediente era la persona con la que contactaban las empresas vendedoras de material para acordar las transacciones. Sanguino también está imputado junto a otos dos empleados provinciales: el jefe de Contratación, Enrique Pita Pérez, y el interventor.
Por otra parte, también están imputados en esta causa responsables de las tres empresas que vendieron este material: Premier Materiales Informáticos, General Light Search e Interpolivalent Chemical. Las tres comparten una misma sede en Barcelona.