El concejal y portavoz del URI-PCAS en el Ayuntamiento de Malpica, Juan Carlos Flores, ha sido denunciado por un presunto delito de amenazas contra la secretaria-interventora municipal. «Si el viernes te llego a tener delante, te pego dos tiros en la frente con una escopeta», le dijo a la funcionaria, según recoge la denuncia presentada ante la Guardia Civil de la localidad el 22 de julio pasado y puesta en conocimiento del Colegio de Secretarios,Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Toledo. El asunto fue abordado por la Junta de Gobierno de este colegio, al que la funcionaria del Ayuntamiento de Malpica había solicitado amparo, después de haber sido objeto de la citada amenaza, con la que el concejal le recriminaba que hubiera informado al alcalde de una conversación que habían mantenido previamente.
El caso ha motivado la intervención del Colegio de Secretarios, Interventores de Toledo, cuya presidenta, María Dolores Casares Robles, mostraba ayer en declaraciones a La Tribuna la repulsa por la situación denunciada. «Nuestra compañera tiene nuestro apoyo más absoluto, reprobamos las injerencias que nos impiden ejercer libremente nuestra función», señalaba al respecto. Tras tener conocimiento de la denuncia presentada por la funcionaria, Casares señalaba que se trataría de un atentado a la dignidad personal y profesional de la afectada: «Son unos hechos que, de ser ciertos, atentarían gravemente a la dignidad personal y profesional de nuestra compañera», señalaba para advertir a continuación que el Colegio se reserva el derecho a ejercer acciones judiciales, tales como la personación en la causa ya iniciada, un asunto que se está valorando en estos momentos. El juzgado de Instrucción número 4 de Talavera ha abierto diligencias por la denuncia, sin que hayan trascendido los posibles avances registrados hasta ahora en este caso.
caso frecuente. Las injerencias en la labor de los altos funcionarios de la administración local son, según la responsable del Colegio oficial en la provincia de Toledo, una situación que llega con frecuencia a su organización, si bien considera que el caso de Malpica tendría tintes de mayor gravedad, por la dureza de la amenaza expresada. «Hay casos en los que se intenta quitarles el sueldo o suspender de empleo, casos de amenazas y otras circunstancias, que están también en los tribunales, incluso algunos ya con sentencia dictada», explicaba María Dolores Casares, que recordaba al respecto la sentencia contraria al Ayuntamiento de Ugena, en el caso de la suspensión de empleo y sueldo del secretario municipal.
«En algunas ocasiones, el Secretario se va del empleo, se va del pueblo y ya está», señalaba sobre una situación que no es excepcional, cuando el funcionario afectado decide concursar por un nuevo destino para zanjar los problemas con alguno de los responsables políticos del consistorio.
Una situación que, en opinión del Colegio de Secretarios, se verá atenuada con la reforma prevista en el régimen de las administraciones locales, que devolverá al Estado los casos disciplinarios graves. En este sentido, se considera que el distanciamiento entre la instancia decisoria y el ámbito de trabajo del funcionario supone una mayor garantía de imparcialidad y objetividad, y que el hecho de que estos casos disciplinarios se aborden en otras esferas más próximas supone un perjuicio para los trabajadores afectados.