El juez de Instrucción número 33 de Madrid ha imputado a tres responsables de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) en el marco de las diligencias en las que se investiga a su presidente y exdirigente de la patronal castellano-leonesa, Jesús Terciado, por supuestos cobros irregulares.

Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que el magistrado ha citado a declarar para el próximo 12 de noviembre al expresidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, al secretario general de la confederación, José Alberto González-Ruiz, y al gerente, José Manuel Vilar Martínez, por delitos de estafa y falsedad.

Las declaraciones se realizarán a instancias de la Fiscalía de Madrid, que entiende que hay indicios incriminatorios para sustentar su comparecencia como imputados por delito de falsedad y estafa o apropiación indebida.

El inicio de las diligencias surge a raíz de una denuncia de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes). En la denuncia, aseguran que durante los años 2011 y 2012, las sociedades Ingasert S.L. y Tecrucyl S.L, ambas administradas por Terciado, facturaron a Cepyme un total de 313.320 euros sin haber realizado trabajo alguno para la patronal de las pymes.

Los denunciantes aseguran que han extraído estas cuentas de los libros de contabilidad de Cepyme, así como a través de «otras averiguaciones».

«Cooperación necesaria». El fiscal ha pedido que tanto González Ruiz como Vilar Martínez comparezcan como imputados «por cooperación necesaria en los delitos» de falsedad y estafa o de apropiación indebida. De este modo, este proceso supone, en la práctica, la imputación de toda la cúpula de la patronal de las pymes.

El Ministerio Fiscal se opuso al archivo de la causa abierta contra el presidente de Cepyme y expresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Jesús Terciado, por entender que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito de «falsedad y estafa o apropiación indebida», según el informe del Ministerio Público.

El fiscal, además, ha pedido al tribunal que se reclamen los libros de contabilidad de Cepyme, y las facturas giradas a Ingaset S.L. y Tecrucil S.L., entre 2010 y 2013 para que los peritos evalúen las partidas giradas a favor de las mismas, o sea «cuándo, por cuánto y en qué conceptos constan».

El proceso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid se centra en el modo en que Terciado habría cobrado de Cepyme con cargo a sus empresas emolumentos por su trabajo en la patronal a través de facturas, pese a que este cargo no tenía asignado sueldo alguno. En 2012 este sistema cesó cuando Cepyme firmó con Terciado un contrato de alta dirección. Sin embargo, las denuncias contra el presidente de Cepyme se remontan aún más, cuando en su etapa al frente de la patronal de Castilla y León fue acusado por la salmantina Confaes de facturar mediante empresas de su propiedad trabajos realizados para la Cecale así como el cobro de dietas y otros gastos. Un juzgado de Valladolid archivó la causa al señalar que no había un procedimiento establecido que regulara ese tipo de gastos.

Bárcenas explicó que cobraba por los gastos de representación y que estos eran transparentes al fisco. Y añadió que percibía «bastante menos» y que aunque tenía una tarjeta de crédito de la organización no la usaba.