Castilla-La Mancha contará con 80 millones de euros más gracias a la flexibilización de la senda de déficit acordada por el Gobierno de España y la Unión Europea. Un acuerdo que fue ratificado este jueves en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que presidió la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a la de Política Territorial, Meritxell Batet

Montero reunió a los consejeros de las comunidades autónomas para comunicarles esta flexibilización que dará a las comunidades autónomas dos décimas más para su objetivo de déficit para 2019, pasando del 0,1 al 0,3 por ciento del PIB, lo que supone un montante de 2.400 millones de euros más para el conjunto de las comunidades autónomas.

El consejero regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, recordó que, en el caso de Castilla-La Mancha, cada décima del PIB regional de 40.000 millones suponen 40, por lo que esa relajación permitirá tener 80 millones más que irán destinados a gasto social, sanidad, educación y bienestar.

«Hay que reconocer el ejercicio que ha hecho el gobierno de Sánchez por negociar una nueva senda, y suavizar el esfuerzo que venimos realizando las comunidades autónomas» admitió el consejero, por lo que «tengo que felicitarle», añadió.

Nuevo modelo. Sin embargo, esta nueva senda de déficit no ha acallado una demanda de las comunidades autónomas que venían realizando ya desde la anterior legislatura, y es un nuevo modelo de financiación autonómica.

«Es importante instar al Gobierno a que afronte cuanto antes el nuevo modelo de financiación autonómica y que finalicen ya los estudios que se estaban realizando con el anterior gobierno para que tengamos cuanto antes un modelo de financiación que, en el caso de Castilla-La Mancha, les perjudica enormemente» señaló.

Es por eso que piden un modelo más justo que tenga en cuenta aspectos que, en el caso de nuestra comunidad, se han venido agravando. Son elementos como la despoblación, la dispersión o el envejecimiento. Variables que han llevado en numerosas ocasiones al gabinete de Emiliano García-Page, a ajustar ese modelo al coste por la prestación de esos servicios públicos.

De ahí esta reivindicación «por afrontar un nuevo escenario financiero para las comunidades que nos permita afrontar un mayor gasto social».

Todos los consejeros autonómicos del PSOE mantuvieron previamente una reunión en la sede del partido, en Ferraz, para fijar una posición común.

«Fatal». La negativa del consejero catalán de acudir a este encuentro, justificando en una carta que este tipo de reuniones no sirven para tomar decisiones, ha resultado a Ruiz Molina un desplante. «Lo veo fatal» dijo preguntado por este asunto, ya que consideró que el CPFF «es precisamente el lugar en el que tenemos que discutir todo aquello que afecta a la financiación de las comunidades autónomas».

En este sentido añadió que «quienes pretenden retirarse del consejo es porque consideran que deben tener derecho a más recursos que los demás, por lo tanto lo veo fatal».