Ni un milímetro. Eso es lo que va a ceder el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el reto secesionista. El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó ayer que el Gobierno está dispuesto a hablar con la Generalitat, pero «después de que se renuncie a plantear opciones que están fuera del cuadro legal». «Hay que retirar el órdago, decir que todos los españoles tenemos derecho a decidir el futuro de España y nos podemos sentar a hablar», sentenció.
Asimismo, el ministro aseguró que el Gobierno respeta las manifestaciones de la gente que reclama celebrar la consulta independentista el 9 de noviembre, pero pidió al president, Artur Mas, que reflexione sobre lo que está ocurriendo, porque «puede asistir a que el proceso salga de las instituciones y se desplace a la calle», algo que considera «extraordinariamente peligroso».
«En democracia, la manifestación es un derecho pero las decisiones se toman en las instituciones, y cuando se desbordan, se entra en un camino cuyo final no se conoce», argumentó el madrileño, que aseguró que la unidad de España es «la mayor preocupación del Gobierno», y también la suya personal, detallando que la palabra indivisible en la Carta Magna se debe a una «enmienda individual» suya como diputado constituyente.
financiación. El ministro indicó también que el Gobierno está dispuesto a hablar con la Generalitat del sistema de financiación «en cuanto» haya «un margen de maniobra financiero», pero advirtió de que con respecto al «mantra» de reformar la Constitución, el que lo defiende debe precisar qué quiere cambiar, quién se va a sumar a ese consenso y si esa reforma servirá para arreglar los problemas que están sobre la mesa.
Pero si el «movimiento secesionista», que es quien, a juicio del ministro, «ha creado el problema», no está dispuesto a aceptar la legalidad, es «muy difícil» sentarse a hablar con ellos, que son quienes han «roto» el contrato social sellado hace 40 años con «cesiones recíprocas muy importantes» y que llevó a Cataluña a unas «cotas de libertad, prosperidad y reconocimiento de sus señas como nunca en su historia», insistió.
Sobre el gesto de Mas de retirar de forma cautelar la campaña del 9-N, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo aplaudió, al tiempo que insistió en que todas las instituciones siempre tienen la obligación de «respetar las leyes y las decisiones de los tribunales». «Es lo que hay que hacer. Aquí, respetando todos la ley, todos nos entendemos estupendamente», agregó.
Desde las filas socialistas, su secretario general, Pedro Sánchez, avisó a Rajoy de que «su inmovilismo es gasolina para el independentismo», al tiempo que le acusó de afrontar la crisis con Cataluña más como «presidente del PP» que como jefe el Ejecutivo. También volvió a incidir en la necesidad de reformar la Constitución, y que su proyecto lo presentará próximamente. «Ofrecemos el cambio;lo demás es ruido». En ese sentido, su número dos, César Luena, tachó de «comodón» al popular.
Mientras, la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE y exdiputada del PSC, Carmen Chacón, auguró que el PP «no va a tardar en sentarse a hablar de reforma constitucional, suponiendo que no lo estén hablando ya. Informaciones nos llegan».