El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, proclamó ayer que el proceso soberanista sigue adelante pese la suspensión cautelar del 9-N por parte del Constitucional (TC): «No rectificaré». «En lo que dependa de mí, el proceso se acaba votando, y votando la pregunta acordada», afirmó en la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Parlament, donde los partidos que apoyan el referéndum -CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP- exhibieron unidad defendiendo la votación. De hecho, éste lanzó otro desafío al Estado de Derecho, al aprobar dos recursos contra la decisión del Ejecutivo central de tumbar el referéndum y la Ley de consultas, así como dar luz verde a los miembros de la Comisión de Control de la cita con las urnas;el equivalente a una Junta Electoral Central.
Así, el convergente, que junto con sus compañeros de aventura dará respuesta al Alto Tribunal mañana, declaró que seguirá actuando de acuerdo con la mayoría social y parlamentaria que existe en Cataluña a favor del derecho a decidir, y comentó en respuesta a Alicia Sánchez Camacho (PPC): «Ustedes no podrán impedirlo».
Además, aseguró que se equivocan quienes pretendan que sea el Constitucional y no el Ejecutivo quien «haga política», al tiempo que defendió una respuesta conjunta de todos los partidos que apoyan el 9-N, con quienes, aseguró, contacta personalmente por vía telefónica estos días.
Antes de designar a los miembros de la Comisión, el Pleno votó si eso era legal después de la suspensión del TC, lo que causó un intenso debate sobre si debía seguir con el orden del día: los grupos soberanistas entienden que se podía mantener porque la propuesta del Parlament es «provisional» y no es ejecutiva hasta que el presidente de la Generalitat nombre a los miembros por decreto.
En tono amenazante, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, exigió al Govern mantener la campaña institucional para no ser «cómplice de la suspensión» decretada por el órgano custodio de la Carta Magna. Así, comentó que el partido republicano está dispuesto a asumir «las responsabilidades políticas y las inhabilitaciones» que hagan falta para cumplir con el objetivo de que los catalanes voten en la consulta.
Desde la bancada del PPC y de C’s, sus líderes, Alicia Sánchez-Camacho y Albert Rivera, respectivamente, le pidieron a Mas cambiar. «Rectifique, acepte el diálogo y pare este desafío. No lleve a los catalanes a la ilegalidad y a los funcionarios a una posible comisión de delitos», sostuvo la popular, que constató que el Govern ha rectificado suspendiendo la campaña institucional sobre el 9-N, pero le instó a hacer lo mismo con su hoja de ruta soberanista. Rivera le preguntó al president qué hará tras el referéndum: «¿Mirará a los ojos de los independentistas y les dirá que les ha engañado?».
Por el contrario, Quim Arrufat (CUP) consideró un error que el Govern retirara su campaña sobre el 9-N, e hizo un llamamiento a la desobediencia civil, mientras que Oriol Junqueras (ERC), que siguió presionando a Mas, destacó que la única alternativa posible es un «compromiso explícito y directo» de que se votará. El líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, hizo un llamamiento a «los demócratas del resto del Estado» contra la actitud de fobia a las urnas del TC.
Desde el PSC, su jefe, Miquel Iceta, se volvió a ofrecer a Mas en colaborar en la defensa de la Ley de consultas -que su grupo apoyó-, pero no del decreto de convocatoria de la votación.