El servicio privatizado de limpieza, conservación y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes de Toledo capital ha sido cazado con la plantilla mermada en 9 operarios «respecto a la oferta presentada por el contratista» y el Ayuntamiento ha sancionado a la concesionaria (U.T.E. ‘Gyocivil’ ’Gestyona’ Parques de Toledo 2014) con 1.001 euros. Teniendo en cuenta que esta empresa cobra a la ciudad 1.758.080 euros anuales le sale barato incurrir en una «falta grave» sobre todo viendo que la inspección que detecta el problema fue realizada ¡el 9 de marzo de 2017! y el informe de la técnico de Gestión de Zonas Verdes lleva fecha de dos meses más tarde (¿estuvo todo ese tiempo ahorrándose la empresa nueve nóminas? ¿Por qué la Junta de Gobierno tarda más de un año en tramitar la multa cuando la empresa no ha ejercido su defensa? No se aclara).

El acta de la Junta de Gobierno indica que el expediente se pone en marcha tras un informe emitido por la técnico de Gestión de Zonas Verdes de fecha 4 mayo de 2017 como consecuencia de una inspección previa (el 9 marzo de 2017) «para comprobar la plantilla destinada a la ejecución del contrato; constatando la falta de 9 operarios respecto a la oferta presentada por el contratista».

Los papeles han reposado hasta que la Concejalía Delegada de Servicios Públicos Medioambientales el 17 mayo de 2018 emite una Resolución por la que incoa «expediente para la imposición de penalidades» a la adjudicataria del contrato de servicio de gestión y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes en el municipio de Toledo.

Como es de ley, se otorgó trámite de audiencia a la acusada concediéndole un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar cuantos documentos considerase oportunos en su defensa «sin que en el plazo otorgado haya efectuado manifestación alguna al respecto».

De nuevo la técnico de Gestión de Zonas Verdes emite otro  informe (21 de junio de 2018) donde señala que  los hechos «son constitutivos de un incumplimiento grave» que viene recogido en el Pliego que rige el contrato «y, de conformidad con lo dispuesto, puede ser penalizado con una sanción de 1.001 a 6.000 euros».

En este caso «el Servicio de Obras e Infraestructuras propuso la imposición de una sanción de 1.001 euros», la más baja, que ha sido aprobada por la Junta de Contratación y ratificada por la Junta de Gobierno.

Vigilancia. La misma técnico fue la que el año pasado logró que el Ayuntamiento intensificase la vigilancia sobre esta contrata, en aquellas materias que se sometían a presuntas encuestas de calidad. Un informe suyo, que fue aprobado y puesto en práctica, recomendó «la conveniencia de efectuar un nuevo control específico de la calidad del servicio» en todo lo relativo a sistemas de riego, aspectos fitosanitarios, áreas de juego infantil y otros equipamientos, fuentes ornamentales y fuentes bebedero, alumbrado de parques y arbolado urbano.