El 8 de abril, en terminología oficial, es la fecha en la que el Congreso de los Diputados debatirá la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de enero por la que se solicita la cesión de competencias para celebrar un referéndum. En términos políticos, marca el final del primer capítulo de la lucha de Artur Mas por lograr la independencia de la región, y se inicia una etapa más complicada para el presidente de la Generalitat en la que, además de decidir si lleva adelante su calendario independentista, se verá si es capaz de mantener la unión del bloque soberanista en el que basa su fortaleza política, porque a tres días de esta fecha lo que advierten los catalanes es que cada vez se hace más visible la brecha entre Mas y su principal socio, Oriol Junqueras.

Si en las últimas semanas las discrepancias han sido evidentes en decisiones de tanto impacto social, como el empeño de Mas por el proyecto Barcelona World que le ha hecho buscar apoyos en el PSC ante el profundo malestar de ERC, así como sus políticas de privatización y despidos de TV3, se suma en los últimos días las discrepancias de Junqueras con la nueva política sanitaria del convergente.

No se moja.

Se celebra, por tanto, el que puede ser el debate parlamentario de mayor calado político de la legislatura, con un president en bajada, y no ayuda en nada a una mejora de su imagen el hecho de haber decidido no participar en el debate, lo que multitud de analistas y adversarios han calificado abiertamente de cobardía. Desde su entorno se alega, tras pedir secreto de confesión, que la causa de no intervenir en el debate hay que buscarla en el caso Ibarretxe: el exlehendakari salió tan vapuleado de su comparecencia en el Congreso para defender su plan soberanista que nunca pudo recomponerse del mal trago y desde entonces quedó acabada su carrera política.

Por tanto, la propuesta del Parlament será defendida en el Congreso por Joan Herrera, Jordi Turrull y Marta Rovira, portavoces en la Cámara catalana de IC-LV, CiU y ERC. Existen dudas sobre quiénes serán los portavoces de los grupos parlamentarios, porque el PP aún no ha recibido confirmación de Rajoy y Rubalcaba lo decidirá este fin de semana. El presidente, en caso de que actúe como portavoz, defenderá su oposición ya conocida, que frente al derecho de los catalanes a decidir existe el de todos los españoles y que en ningún caso se celebrará un referéndum ilegal. El PSOE también se mostrará contrario a la consulta por ser ilegal, pero recordará que la mejor salida para solucionar los problemas sería una reforma constitucional que propugne un Estado federal.

Sin embargo, quien despierta más expectación es José Antonio Durán i Lleida, como portavoz de CiU en el Congreso y presidente de Unió. Durán, incluso en estas últimas fechas, ha reiterado que su posición nunca ha sido independentista, sino que propugna que se profundice en el soberanismo, que exista más diálogo entre el Gobierno central y el autonómico, y que se aborden cuestiones fiscales que son fundamentales para Cataluña. Y siempre ha dicho que no participaría en un referéndum ilegal. Una postura muy complicada con un frente soberanista cada vez más independentista, y con un Mas que insiste en la independencia.

El martes, además de despejarse la incógnita sobre los portavoces del Ejecutivo y del PSOE, las miradas estarán clavadas en la tribuna de invitados. La ausencia del president, que critican incluso los suyos, CiU va a intentar paliarla con la presencia de la plana mayor de la formación. Sin embargo, no podrá acudir la vicepresidenta de la Generalitat, Joanna Ortega, en representación de Unió, ya que el mismo día debe pasar por el quirófano. Pero en esa tribuna se encontrarán los máximos dirigentes del frente independentista y del españolista, incluido el líder del PSC, Pere Navarro, que al principio fue tibio respecto al referéndum y después se posicionó en contra gracias a la intervención de Rubalcaba, y hoy se encuentra con su partido dividido, escindido y en pleno declive.

Encuestas a conveniencia.

No es el único bajo mínimos. La imagen del president se encuentra en plena decadencia, algunos de sus afines no dudan en calificar su situación como agónica y empiezan a decir que querían referéndum y va a ser consulta, y que a medida que se acerca el mes de noviembre se temen que ni siquiera va a ser consulta sino encuesta, que la Generalitat se conformará con encargar al CEO -el CIS catalán- un sondeo que pueda esgrimir donde convenga para demostrar que un porcentaje alto de los ciudadanos está por la independencia.

Esa posición no resultaría creíble. Como no lo son algunas de las actuaciones últimas de la Generalitat. Por ejemplo, presentó hace dos semanas, con gran alarde, una del CIS que decía que el 60 por ciento de los catalanes era independentista. No era cierto: lo que decía el sondeo era que el 60 por ciento de los encuestados respondían afirmativamente a la pregunta de si querían que Cataluña fuera «un nuevo Estado de Europa», que no es lo mismo. En la pregunta ni siquiera se mencionaba la palabra independencia.

Pero no es la única manipulación. En los últimos meses, varios empresarios catalanes muy destacados, se sumaron a lo que en principio solo defendió José Manuel Lara, una Cataluña formando parte de España. La reacción de la Generalitat a esos empresarios fue decir, a través de Homs, que en la región un hombre es un voto, dando a entender que, por muy poderosos que fueran, que lo son, su opinión no tenía tanta relevancia, aunque entre ellos se encontrara el presidente de la CEOE y el líder de Fomento del Trabajo, la patronal catalana. Sin embargo, cuando el presidente de Grifols -con el 92 por ciento de sus beneficios procedentes de fuera de España- le ha dicho a Mas que «no se arrugue», desde el Govern han lanzado las campanas al vuelo por la relevancia de que un empresario conocido se situara al lado del presidente.

El martes 8 marcará un hito en la carrera del president hacia la independencia, aunque Rajoy dice a quien le quiere oír que no se celebrará el referéndum, pero no concreta si su afirmación significa que está seguro de que Mas no va a convocarla o que va a aceptar algunas de sus pretensiones fiscales para detener su trayectoria, que enviará al Ejército o la Guardia Civil para impedir que los ciudadanos se acerquen a las urnas para participar en un acto ilegal o que se aplicará el artículo de la Constitución que autoriza la suspensión de la autonomía.

Todo está abierto. Algunas de las incógnitas sobre las que hoy se hacen multitud de especulaciones pueden desvelarse en el debate del martes. Una cita clave para el futuro político de Artur Mas … y en el que no quiere intervenir.