El proyecto de Castellana de Bebidas Gaseosas (Casbega) para instalar en Toledo una planta embotelladora de zumos y aguas funcionales de marcas propiedad de Coca-Cola y un centro logístico puede haber dado un giro inesperado tras la reunión que han mantenido el presidente de la compañía, Juan Manuel Lizariturry, y la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada. El encuentro sirvió para reiterar tanto el compromiso de Casbega de instalarse en Toledo como el de la Junta de Comunidades para facilitar la implantación de la empresa en la capital regional, ya que supondría una inversión de más 100 millones de euros y la creación de más de 250 empleos directos.

«En la reunión hubo muy buena sintonía», explican fuentes de la Junta de Comunidades, que se limitaron a confirmar la celebración de la reunión, aunque prefirieron no entrar en detalles hasta que haya acuerdos concretos. Sin embargo, La Tribuna ha podido conocer que la Consejería Fomento ha podido ofrecer unos terrenos alternativos a los de la ampliación del polígono industrial de Toledo y por los que Casbega ya ha entregado a la Empresa Regional de Suelo (ERES) cerca de 3 millones de euros. Los terrenos elegidos se encontrarían dentro del actual polígono y en su día fueron urbanizados por Sepes, entidad estatal del suelo dependiente del Ministerio de Fomento.

De confirmarse la alternativa, la decisión supondría que la Junta de Comunidades abandona ‘sine die’ la urbanización de un millón de metros cuadrados de suelo industrial en la capital regional, ya que es la Empresa Regional de Suelo (ERES) la que finalmente se convirtió en agente urbanizador de los terrenos en vez de la Empresa Municipal de la Vivienda, que ahora está inmersa en una modificación de sus estatutos para convertirse en promotora no sólo de vivienda, sino también de suelo.

La razón del parón de la ampliación del polígono industrial radica en la falta de partida presupuestaria para acometer el proyecto. Los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2012, que en estos momentos se tramitan en las Cortes, no recogen un solo euro para las obras de urbanización de los terrenos, pese a que la licitación de los trabajos lleva más de un año guardada en un cajón esperando a que se resuelva. Además, la Empresa Regional del Suelo está iniciando un proceso de integración en Gicaman, debido a la reordenación del sector empresarial público, que complica aún más la toma de decisiones.

Pero al margen del futuro próximo que le espera a la Empresa Regional del Suelo (ERES), está el hecho de que de las 23 parcelas contempladas en el proyecto de urbanización, tan sólo se ha vendido la de Casbega. Aunque se trata de la más grande y de la más cara -11,96 millones de euros sin tener en cuenta el IVA-, la cantidad no cubre ni la mitad de los costes de urbanización, que según el precio de licitación del concurso para la adjudicación de los trabajos ascendería -si las empresas que opten al contrato no lo mejoran a la baja- a 28,85 millones de euros.

Sin embargo, ahora habrá que esperar si el nuevo suelo ofertado puede ser viable para el desarrollo de un proyecto que necesitaría más de 180.000 metros cuadrados de superficie. En todo caso, la reunión sirvió también para abrir un cauce de comunicación permanente entre ambas partes. Y hasta en esto hay una novedad, puesto que Casbega ha decidido apartar de las negociaciones que se puedan producir al interlocutor que hasta ahora había mantenido las conversaciones con las administraciones, especialmente con el Ayuntamiento de Toledo.