Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), analiza las cuatro décadas de convivencia bajo el marco de la actual Carta Magna, explica las posibilidades para su reforma y alude al problema territorial y la falta de consenso entre las fuerzas políticas como obstáculos para la modernización de la norma fundamental del Estado.

La Constitución celebra 40 años de vigencia. ¿Cuál es su encanto hoy? ¿Sigue siendo reivindicable?

El gran atractivo de la Constitución de 1978 es que es la primera de nuestra historia fruto del consenso y no una norma que una mayoría imponga, como fueron todas las anteriores. Además, ha traído la etapa más larga de democracia, pluralismo político y reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Aunque lo decimos mucho, casi parece un tópico, hay que repetirlo porque no es frecuente en nuestra historia. Ahora nos parece fácil, pero si comparamos esta etapa contemporánea con los siglos XIX y XX, nos daremos cuenta de lo difícil que es haber conseguido un periodo tan largo de democracia, pluralismo, apertura y alternancia.

En una parte de la sociedad española han surgido, en los últimos años, reproches sobre el texto. ¿Se mantiene la idea en torno a las bondades de la norma fundamental?

En general, el consenso sobre lo bueno que ha traído la Constitución no se ha roto. Sí se ha abierto el debate sobre su reforma. Es natural, la Constitución tiene 40 años y sólo dos reformas puntuales. Lo normal en otras constituciones de nuestro entorno es que se lleven a cabo reformas para ir adaptándolas a nuevos retos y nuevas circunstancias. Al hilo de esto, es cierto que hay posiciones, creo que minoritarias, que nos hablan de que esta Carta Magna está superada y hay que empezar de cero o de que hay que abrir un nuevo proceso. Estas posturas son minoritarias, pero sí es mayoritaria la idea de que hay proceder a hacer reformas importantes en algunos aspectos. Para llevar a cabo cualquier reforma hay que recuperar el espíritu de la Transición, el espíritu del consenso que no es el de la mayoría, sino el de todos o el de casi todos; es decir, el de la inmensa mayoría –como en 1978–. Para reformarla, con buen criterio, el constituyente estableció mayorías cualificadas. Cuando ha habido consenso la Constitución se ha reformado: de hecho, se ha hecho dos veces. Ahora tenemos otra propuesta encima de la mesa, ya veremos en qué queda. Que se hable de modificar la Constitución me parece positivo, hay que adaptarla.

Hay tantas reformas como reformadores posibles. Cuando se aborda el modelo territorial difieren las propuestas

La Constitución deja abiertas cuestiones en el ámbito territorial y lo hace porque en 1978 no se podía avanzar mucho más: no se sabía si todo el territorio se iba a convertir en comunidades autónomas ni se sabía cuál iba a ser el nivel de competencias de cada una. Quedaron muchos aspectos abiertos para el desarrollo constitucional y ahora tendría sentido dejar mucho más claro el nivel de competencias de las comunidades y el Estado y recoger en el texto parte de la labor de interpretación que el propio Tribunal Constitucional ha ido haciendo.

No se percibe un momento tan propicio como el de la Transición. Cuando se habla del título VIII algunos lo proponen para poco menos que reconocer el derecho a la autodeterminación o la independencia mientras que otros lo reclaman para recentralizar lo descentralizado. Las propuestas que encontramos van en líneas opuestas. El consenso nunca fue el punto de partida en 1978, fue el de llegada. En aquellos años estaba claro que había que hacer un régimen más descentralizado, democrático frente al franquismo y que debía reconocer los derechos fundamentales. Estos eran los tres pilares en los que había una confluencia.

Cualquier reforma debe buscar un consenso similar, también respecto a la organización autonómica. Supongamos que los tres grandes partidos constitucionalistas [PSOE, PP y Cs], que tendrían mayoría suficiente, intentaran un cambio sumando, incluso, a Podemos. No sería positivo. Si los partidos nacionalistas quedan fuera, esta nueva Constitución ya tendría menos consenso que la actual. Tienen que estar todos o la gran mayoría. Hacer una reforma sin los nacionalistas –aunque muchos estén en el independentismo– no se debe, pero con ellos no se puede, porque varios quieren romper y no reformar.

Castilla-La Mancha nace gracias a la Constitución. ¿Una historia exitosa?

En Castilla-La Mancha, como en otras comunidades autónomas, la descentralización ha sido enormemente positiva. Ha acercado el poder al ciudadano, ha permitido la gestión de servicios importantes, como educación y sanidad, y ha mejorado las posibilidades de infraestructuras. Muchas veces señalo una paradoja: el modelo autonómico se hizo atendiendo a las reclamaciones de las comunidades con fuerte implicación nacionalista, como Cataluña o País Vasco, pero allí ha generado una situación de insatisfacción más grande; sin embargo, en el resto de España, sin que existieran estas reivindicaciones, ha dado mejores resultados.

El propio proceso, cuando se hace con lealtad a la Constitución y al Estado, funciona y es positivo. Ni intentando conseguir lo máximo ni viendo a la otra parte como un enemigo. Todo modelo descentralizado, como enseñan los ejemplos de Alemania o Austria, funciona por lealtad. Sin lealtad no puede hacerlo. En esta región nos sentimos españoles, también castellano-manchegos. Y es cierto: la comunidad se ha creado desde la Constitución, pero no tenemos complejos ni ninguna carencia porque estamos sobrados de historia. Los ciudadanos asumen la existencia de la región como algo positivo, no como algo excluyente, y eso es lo más atractivo del diseño autonómico. La identidad regional es complementaria a la identidad española. No deja de ser paradójico que aquellas regiones en las que no había demandas nacionalistas se hayan encontrado con un diseño autonómico que ha sido positivo para la gestión y la cercanía con el ciudadano.

¿Hay riesgos para la convivencia? ¿Cabe un blindaje más amplio?

La gran amenaza es el rupturismo, quienes quieren ignorarla y cambiar de régimen sin seguir las vías que la propia Constitución permite. No me gusta la palabra blindar porque sugiere que el texto es intocable, prefiero la idea de reforzar.

El constituyente estableció dos procedimientos para la reforma, el ordinario y el agravado, y decidió reforzar la monarquía parlamentaria, los derechos fundamentales y el título preliminar, que es donde están los valores superiores, el Estado de derecho y principios como la unidad, la autonomía y la solidaridad. Cualquier reforma que les afecte será especialmente agravada. Parece muy difícil hacerla, pero está bien que sea así: se protegen los valores y principios fundamentales. El título VIII, por ejemplo, no está en esa protección reforzada. Ahora se habla mucho de una reforma federal y se podría llevar a cabo siempre que se respeten aquellos principios del título preliminar [unidad, autonomía y solidaridad].

Cataluña como telón de fondo.

Los que pretenden la ruptura ponen como punto de partida lo que debería ser un punto de llegada. ¿La independencia? Si quieren que se reconozca el derecho a decidir han de proponer una reforma de la Constitución. Pero no pueden presuponer que exista lo que no existe. Llama mucho la atención cómo a lo largo del procés catalán, que arranca en 2006 con la reforma de su Estatuto de Autonomía y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional, las autoridades catalanas no han presentado nunca una proposición de reforma constitucional. Están legitimadas para ello, esa era la vía, pero no lo han hecho: han preferido romper.

Todas las constituciones del mundo son rígidas. Si se pudieran reformar igual que la ley, no prevalecerían sobre ésta. Cualquier mayoría podría cambiarlas. Y volveríamos a nuestro siglo XIX, cuando se cambiaba de norma cada vez que ganaba un partido. Es muy positiva la reforma y muy negativa la ruptura.

¿El papel de la Corona?

Las dos amenazas rupturistas que hemos vivido en estos 40 años, el 23F de 1981 y el 1O de 2017, se superaron también gracias al apoyo de la Corona. Gracias al pueblo español, al Poder Judicial, pero con una intervención decisiva del rey en favor de la Constitución y de la unidad de la nación.

La puerta a un modelo republicano siempre está abierta. No consideramos intocable a la monarquía, pero la protegemos. Hay ciudadanos republicanos que racionalmente reconocen el papel que han jugado tanto Juan Carlos I como Felipe VI. Son los llamados juancarlistas o monárquicos de conveniencia. Los estudios sociológicos demuestran la sintonía de la mayoría de la población con la Corona. El rey ha empeñado parte de su prestigio y ha perdido la simpatía de algún grupo tras su intervención en Cataluña. Pero hizo lo que debía.

¿La reforma es el futuro?

Antes o después se abrirá esa vía, cuando los partidos la quieran de verdad y recuperen la actitud de consenso. Hay temas claros sobre regeneración política, fortalecimiento de la democracia y ámbito territorial, que es donde en este momento se ve más difícil. La reforma debería dar salud a la Constitución para otra generación entera.

Mi opinión, que no muchos comparten, es que el constituyente quiso reconocer la especialidad de algunas comunidades, como Cataluña y País Vasco, por su tradición histórica y fuerte reivindicación política nacionalista. Pienso que hay que volver a la idea de reconocer ciertas singularidades. Así lo demanda nuestra historia y la realidad política. No podemos continuar una carrera hasta el infinito equiparando a las demás regiones con estas dos. La Constitución impone la igualdad entre los ciudadanos, sus derechos y deberes tienen que ser iguales en toda España. A partir de ahí, reivindicaciones vinculadas a la propia historia o a los sentimientos identitarios pueden tener cabida. Creo que la propia Constitución así lo quería, pero no terminó de cerrar el modelo.

Existe insatisfacción en estas comunidades. Se trata de dotarnos de un modelo cerrado que reconozca en qué aspectos puede haber singularidades siempre que no afecte a la igualdad de los ciudadanos. Creo que sería positivo e implicaría un punto de encuentro. Ahora no se ve, pero en política las cosas cambian más rápido de lo que uno piensa. Cuando las aguas bajen más calmadas y la actitud de las autoridades catalanas mejore, los partidos constitucionalistas quizás puedan plantearse esta propuesta.

¿La asimetría no supone desigualdad?

Existen hechos sociales y políticos incontestables: hay comunidades con idiomas cooficiales y otras no, y eso tiene repercusiones competenciales; el derecho civil foral existe donde existe y no es trasladable porque tiene una base histórica; los derechos de los territorios forales y su capacidad para recaudar impuestos… Hay que buscar fórmulas para hacer compatibles estas razones históricas con los principios de igualdad y solidaridad. Hay que aportar para equilibrar. El nacionalismo ha sido a veces insolidario. Ha sido un nacionalismo de regiones ricas contra pobres.

Hagamos compatibles esas prerrogativas y características especiales que existen en la historia. Hagamos desde comunidades como la nuestra un esfuerzo para entender esas singularidades. Pero que hagan desde aquellas otras un esfuerzo para comprender que esas especificidades sólo se pueden reconocer si vienen acompañadas de igualdad y solidaridad. Hay que echar cuentas. El diseño autonómico debe servir para corregir desigualdades.