«Lo recuerdo con mucha ilusión. Fue una noche histórica: un partido constitucionalista ganó unas elecciones autonómicas en Cataluña en votos y escaños. Nuestra victoria sirvió para enviar un potente mensaje al conjunto de España y al mundo: que somos mayoría los ciudadanos que nos sentimos catalanes, españoles y europeos; y los partidos nacionalistas siguen perdiendo apoyos, elección tras elección, desde que comenzara el proceso secesionista en 2012. Y se demostró que Cataluña no es esa tierra uniforme que los políticos separatistas han intentado construir; sino que es una tierra diversa y plural, que muchos, como es mi caso, hemos elegido que sea nuestro hogar». Las palabras son de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña que hizo Historia un 21 de diciembre de 2017.
El próximo viernes se cumple un año desde los últimos comicios regionales, y en ellos se produjo lo que el exvicepresidente Alfonso Guerra acuñó como amarga victoria. Y es que Cs ganó con 1.109.732 votos, pero no se hizo con la Generalitat, que lejos de tomar nota, radicalizó su discurso y su hostilidad con el Estado. Puigdemont está detrás.
Viendo de reojo la decepción socialista y el hundimiento popular, quedó claro que la jerezana había conseguido aglutinar a miles y miles de personas que se sentían españolas y habían visto sus sentimientos pisoteados por los separatistas durante décadas, al tiempo que se veían huérfanas de los dos grandes partidos cuando ambos estuvieron en La Moncloa y negociaron con CiU o ERC. «Para muchos catalanes, dejamos de ser la opción útil en el campo constitucionalista», entona el mea culpa Alejandro Fernández, el nuevo líder del PPC.
Si sorprendente fue el triunfo de Cs, también que JxCat ganara por dos escaños y 13.000 votos a Esquerra, que no era vista con malos ojos por Rajoy. Pero fue el invento del prófugo Puigdemont el que le permitiría coger el altavoz desde Bruselas para arengar a las masas, con los CDR como punta de lanza -el próximo viernes regalarán a los medios internacionales fotos combatiendo a la Policía Nacional, a la que avisaron de que vivirá «un infierno»-, en vez de buscar una solución política con el Ejecutivo, que pasa por cumplir la ley. Su sucesor, Quim Torra, que el pasado 14 de mayo tomó posesión de su cargo tras tres infructuosos intentos de investidura del gerundense, Jordi Sànchez y Jordi Turull, ha seguido su dictado, ya fuese por videoconferencia o reuniéndose con él en Waterloo.
Por desgracia para los que, a uno y otro lado veían posible el diálogo, el exalcalde se afanó en ir destruyendo los pocos puentes que había. Uno de ellos fue el del PDeCAT, que era controlado por Marta Pascal, del sector secesionista más moderado. Descabezada en julio -no gustó que apoyara a Sánchez-, su lugar lo ocupó David Bonvehí, de su confianza.
Pero es que, además, el líder independentista tuvo mucha suerte judicialmente. A pesar de ser detenido en Alemania el 25 de marzo, la Justicia de ese país no apreció delito de rebelión -también lo vieron así los jueces belgas-, como había descrito el juez Llarena en su orden de extradición. Para España supuso una enorme decepción el papel de la UE. De hecho, voces en el PP, como la del eurodiputado Esteban González Pons, pidieron suspender el espacio Schengen.
MOCIÓN DE CENSURA. A todo esto hay que sumar otra circunstancia favorable: que subiera al poder Pedro Sánchez el 2 de junio gracias al apoyo que le otorgaron en la moción de censura contra Rajoy, entre otros, Esquerra y PDeCAT. Así, de una tacada, Puigdemont se encontraba con su enemigo más encarnizado ejerciendo de registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante) y a un político inexperto que le debía la mismísima Presidencia del país, y que un día sí y otro también llama a su puerta para que le apoye con los Presupuestos.
Y lo peor de todo es que el inquilino de La Moncloa traga sapos y culebras con Torra, que defendió hace una semana la vía eslovena, saldada con 74 muertos en 1991 para lograr la independencia.
Tras advertir en la Cámara Baja que daría una respuesta firme si el president seguía así -muchos lo vieron como una amenaza velada a aplicar el 155-, el pasado viernes volvió a contemporizar y tender la mano al socio. Así, su Gabinete no descarta que tras el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes en Barcelona, coincidiendo con el aniversario de las elecciones, se pliegue al jefe de la Generalitat, se reúnan y negocien «a fondo» como este pretende, incluyendo la mismísima secesión.
No obstante, hay brotes verdes. Por un lado, se puede sentir en la calle hartazgo -huelgas de funcionarios, indignación en comerciantes y Mossos, paro...- con la parálisis institucional, que tuvo su prueba más evidente en una Diada descafeinada, con la misma participación que en 2017. También diferencias notables entre ERC y JxCat, a lo que hay que añadir que el hundimiento socialista en Andalucía ha supuesto un serio aviso para Sánchez. Puede que la victoria naranja de hace un año haga albergar esperanzas a los constitucionalistas. Se sentó un precedente: los milagros existen.